Santo Domingo.– Este viernes se reanuda el juicio preliminar del caso Calamar, que involucra a altos exfuncionarios del Estado dominicano acusados de presuntos actos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con la sustracción de más de 19 mil millones de pesos del erario, según el Ministerio Público.
La audiencia comenzará a las 9:00 a. m., con la participación de la defensa del excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien presentará sus argumentos en contra de las imputaciones.
El expediente también incluye a los exministros José Ramón Peralta, quien se desempeñó como ministro Administrativo de la Presidencia, y Donald Guerrero, exministro de Hacienda, así como al exdirector de Casinos, Oscar Chalas Guerrero. Todos son señalados de participar en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, que habrían beneficiado intereses particulares y, presuntamente, financiado la campaña presidencial de Castillo en 2020.
El Ministerio Público sostiene que los acusados desviaron fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos y que parte del dinero fue canalizado con fines político-electorales. Sin embargo, la mayoría de los querellantes retiró sus querellas, argumentando que los pagos se hicieron conforme a la ley, beneficiando a propietarios legítimos.
Oscar Chalas se declaró culpable y devolvió 17 millones de pesos, mientras que los demás acusados se mantienen inocentes, señalando que las tierras fueron declaradas de utilidad pública y pagadas a precios establecidos por tribunales.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, evaluará si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
En el plano político, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, calificó el expediente como un “fraude procesal”, cuestionando el informe de auditoría que sirvió de base a la acusación y señalando posibles motivaciones políticas.
El caso Calamar es considerado uno de los procesos de corrupción más relevantes de los últimos años en República Dominicana, tanto por el monto involucrado como por el perfil de los acusados, y su desenlace será clave para el sistema de justicia y el combate a la corrupción administrativa en el país.
