Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó este martes, en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, con el propósito de adaptarlo a la nueva redacción del Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para agosto del próximo año.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los 25 senadores presentes, lo que permitirá que la pieza legislativa sea enviada ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá decidirse si se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, más allá de esta aprobación, el Congreso Nacional enfrenta un desafío mayor: cumplir con la sentencia TC/0765/24 emitida el pasado 9 de diciembre por el Tribunal Constitucional, que ordena corregir los errores de inconstitucionalidad detectados en la Ley 10-15, actualmente vigente.
De no hacerlo antes del 11 de diciembre a la medianoche, el país podría verse obligado a retornar al marco procesal del año 2002, advirtió el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
90 modificaciones y nuevos ajustes
La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos presentó ante el pleno alrededor de 90 modificaciones al proyecto de ley. Durante la lectura, surgieron nuevas propuestas de ajustes, generando un intercambio de opiniones entre los legisladores.
El senador Franklin Romero propuso reducir de cuatro a dos años el tiempo máximo en que un proceso judicial puede permanecer archivado, moción que fue aprobada por el pleno.
“Un archivo provisional de cuatro años es como una condena de 18 para cualquier imputado”, expresó Romero, quien además logró incluir que el imputado tenga derecho a apelar la decisión de archivo.
El legislador explicó que esta medida busca garantizar el derecho a una vida normal a quienes enfrentan un proceso judicial sin condena firme, señalando que con la norma anterior no podían ni solicitar un papel de buena conducta.
Autores del proyecto
El proyecto aprobado surge de la unificación de tres iniciativas sometidas de manera individual por los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras.
En la Cámara de Diputados también existe una propuesta similar del legislador Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), pero esta permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el pasado 6 de junio, cuando venció el plazo para su estudio.
Próximos pasos
El proyecto aprobado por el Senado aún no ha sido difundido públicamente, debido a que se encuentra en proceso de revisión y corrección final antes de ser remitido a la Cámara Baja.
