Este martes 16 de abril, la Cámara Alta de Brasil, de mayoría conservadora, dio su aval a una enmienda constitucional que criminaliza el porte y posesión de cualquier cantidad de droga.
El único grupo político que orientó a sus senadores a votar en contra fue el Partido de los Trabajadores, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora la Cámara de los Diputados tendrá la última palabra, pero lo más probable es que confirme la decisión de los senadores.
La Propuesta de Enmienda Constitucional fue presentada en septiembre del año pasado por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en medio del proceso en el Supremo Tribunal Federal sobre la despenalización de la posesión de marihuana en pequeñas cantidades y para uso personal.
Pacheco afirmó que es una “invasión de competencia” el hecho de que la Corte Suprema juzgue a favor de la despenalización de las drogas. Con esta decisión, por tanto, el Senado le planta cara a la máxima instancia jurídica del país, en un intento de defender su territorio.
Debido a su composición conservadora, el Parlamento brasileño suele impedir la aprobación de las leyes más progresistas. Es bastante común que los diputados de la oposición judicialicen temas sociales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto y que la Corte Suprema acabe pronunciándose y decidiendo.
Es por esta razón que muchos senadores han considerado la votación una victoria sobre el Supremo, acusado de invadir la esfera del Poder Legislativo con decisiones a veces monocráticas.
Uno de los argumentos esgrimidos por los congresistas es que la liberalización de las drogas no ayuda a resolver el problema del narcotráfico y de las cárceles abarrotadas.
Con 832.295 presos y un aumento del 257% desde el año 2000, Brasil tiene una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo. Otro argumento repetido durante la votación en el Senado es que Brasil se opone a la liberalización.
