Escuchar el artículo
La reciente polémica entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo (FP), Fernando Caamaño, sobre la situación actual del Seguro Nacional de Salud (Senasa) no solo expone profundas grietas en la gestión de nuestra seguridad social, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el camino que lleva la salud pública en la República Dominicana.
Como el primer relacionista público de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) durante la gestión de Bernardo Defilló, y habiendo presenciado de primera mano los desafíos iniciales y las grandes esperanzas depositadas en el Plan Básico de Salud en 2007, me siento con la obligación de aportar a este debate crucial.
Caamaño no se anduvo con rodeos.
Sus acusaciones son serias y directas: el gobierno ha “quebrado” Senasa al priorizar intereses electorales por encima de la sostenibilidad del sistema. La “carnetización” masiva de 2.3 millones de personas sin la debida validación de su condición de pobreza a través del SIUBEN, como lo exige la ley, es, según él, una flagrante violación de la normativa.
Si bien aplaudo la intención de ampliar la cobertura, no podemos ignorar las formas. La estabilidad de un sistema tan vital como Senasa no puede ser rehén de coyunturas políticas o campañas de reelección.
Recuerdo vívidamente los esfuerzos iniciales para construir un sistema de seguridad social robusto y transparente. Se buscaba una institución que ofreciera confianza y calidad, capaz de atraer incluso a afiliados del sector privado.
Lo que Caamaño denuncia hoy –una morosidad triplicada que pasó del 15% en 2022 al 45% actual, afectando la relación con clínicas y proveedores– es una señal de alarma que no podemos subestimar. Cuando el exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales afirma que Senasa era un “sistema sólido” antes de 2020, habla desde el conocimiento y la experiencia.
La inyección de 3 mil millones de pesos al Senasa, reconocida por el propio presidente, lejos de ser un signo de fortaleza, es, como bien señala Caamaño, una evidencia de fragilidad y un déficit acumulado que podría superar los 3,300 millones de pesos para finales de 2024. Esto no es construir, es remendar.
No se trata de una estrategia a largo plazo, sino de una respuesta de emergencia que desnuda la falta de planificación y el desorden, como lo califica el dirigente de la FP. Lanzar planes y coberturas sin un cálculo riguroso de dónde provendrán los fondos es una receta para el desastre.
La Fuerza del Pueblo, a través de Caamaño, ha dejado claro que no busca excluir a nadie del sistema; por el contrario, defiende el derecho adquirido de todos los afiliados. Esto es fundamental. Sería, como él mismo advierte, “ilegal y socialmente insostenible” revertir estas afiliaciones. La preocupación radica en la sostenibilidad, en cómo garantizar que Senasa pueda seguir ofreciendo atenciones médicas sin que los retrasos en los pagos a los centros médicos se conviertan en la norma.
El llamado a intervenir Senasa no es un capricho, sino una exigencia de responsabilidad. Pero esa intervención no debe ser a base de transferencias extraordinarias y paliativos, sino garantizando un financiamiento estructural y conforme a la ley. Los gremios médicos y las asociaciones de prestadores de salud, al respaldar las denuncias de Caamaño, validan la gravedad de la situación.
Aquí no hay espacio para la “desinformación” que acusa el presidente; las cifras y la realidad de los servicios hablan por sí solas.
En 2007, lamentablemente, intereses oscuros provocaron la abrupta salida del respetado Bernardo Defilló, el primer Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, justo cuando el Plan Básico de Salud estaba por despegar.
Hoy, más que nunca, necesitamos un diálogo similar, una concertación de voluntades que ponga el bienestar de los dominicanos por encima de cualquier agenda política. Además, es imperativo que apostemos por la Atención Primaria como estrategia fundamental para una mayor salud preventiva y menos improvisaciones en nuestro sistema.
El presidente Abinader recibió un Sistema de Seguridad Social con bases sólidas. Es su responsabilidad, y la de su gobierno, asegurar su estabilidad y crecimiento, no minar sus fundamentos. Senasa es, sin duda, la “niña de los ojos” de nuestro sistema de salud, especialmente para los más vulnerables.
Cuidarla no es una opción, es una obligación impostergable. Ignorar las advertencias y desestimar las cifras es poner en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos.
El sistema no anda bien, y negarlo solo agrava la enfermedad.
