Santo Domingo. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, calificó como algo “inusual” el envío por parte del presidente de la República Luis Abinader, el un expediente con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“No es usual porque nunca lo habíamos visto. Esto es diferente. No es una ilegalidad, pero manda un mensaje”, expresó Castaño durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
El jurista explicó que, aunque la Constitución y la ley garantizan la independencia del Ministerio Público, esta debe ejercerse como un principio ético intrínseco de quienes forman parte de esas instituciones. “La independencia no te la da una ley ni la Constitución. Lo que sí hace la ley es amparar a quienes decidan actuar con independencia”, puntualizó.
Castaño recordó que lo único parecido se produjo en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando este presentó en el Palacio Nacional junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia un caso de banqueros, aunque subrayó que en aquel entonces no se trataba de funcionarios de su propio gobierno.
Caso Maxi Montilla
Al referirse al acuerdo con Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien devolvió RD$3,000 millones (RD$2,000 millones en efectivo y RD$1,000 millones en propiedades), Castaño afirmó que en el país la crítica principal radica en que los acuerdos del Ministerio Público se enfocan en la recuperación de bienes y no en la sanción penal.
“En otros países donde existen estas figuras, los acuerdos implican condena. Aquí la gente lo que percibe es que no hay sanción penal, y por eso no lo ve como un triunfo del sistema, aunque jurídicamente sea legal”, explicó.
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Recordó que el Código Procesal Penal contempla estos mecanismos, como también ocurre en sistemas penales de países de Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, donde más del 80% de los casos se resuelven a través de acuerdos. “En República Dominicana es al revés: judicializar el 90% y solo el 10% se resuelve mediante acuerdos”, dijo.
Castaño subrayó que, aunque la herramienta es válida, todo acuerdo debe ser homologado por un juez y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. “El beneficio es que descongestiona los tribunales y hace más eficiente el sistema penal. Pero insisto, deben implicar sanciones penales para generar confianza en la ciudadanía”.
Transparencia y justicia
El dirigente de FINJUS aclaró que la transparencia del Gobierno y el funcionamiento del sistema de justicia no deben confundirse. “Una cosa es la transparencia desde el Poder Ejecutivo, y otra es cómo se comporta el sistema de justicia, que es un poder distinto”, señaló.
Finalmente, Castaño admitió que actualmente el Gobierno no atraviesa su mejor momento en materia de percepción ciudadana por los casos de corrupción ventilados en los tribunales, lo que genera cuestionamientos sobre si el país puede considerarse entre los más transparentes de América Latina.
