PERÚ (France24).- Perú se comprometió este 25 de enero ante la ONU a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en medio de las protestas que sacuden al país. El anuncio llega un día después de una de las jornadas más violentas de movilizaciones, en la que al menos tres periodistas resultaron heridos. Los activistas desafían con seguir en las calles, mientras el Gobierno de Dina Boluarte elude los reclamos de elecciones generales inmediatas y se aferra al poder.
Una crisis que parece interminable. El sonido de disparos de perdigones y el humo de los gases lacrimógenos inundan las calles de la capital de Perú, en medio de una pugna entre manifestantes que exigen la renovación total del Gobierno y una Administración que prolonga su permanencia en funciones.
Las manifestaciones y los bloqueos en las carreteras continúan este 25 de enero, razón por la que miles de camiones permanecen varados en las vías intermunicipales.
Las acciones, que se extienden ante el descontento social, han elevado la respuesta del Ejecutivo, que en las últimas horas anunció que envió más de 500 militares a la región de Puno, en el sur del país y una de las más azotadas por los enfrentamientos, para levantar las barricadas.
Además, el Gobierno informó que extiende por diez días más la inmovilización social obligatoria en Puno; decisión que amplía el toque de queda y es complementaria del estado de emergencia declarado hasta el próximo 15 de febrero.
