Mao, Valverde.– El Ministerio Público solicitó a un tribunal de esta provincia imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Máximo Mendoza, acusado de falsificar documentos públicos y registrar defunciones inexistentes ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
El imputado fue arrestado durante un allanamiento en su residencia en Mao, luego de que se reunieran pruebas que lo vinculan a la creación de falsas actas de defunción entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con el propósito de perjudicar a personas a las que previamente había prestado dinero.
Modus operandi
De acuerdo con la investigación, Mendoza otorgaba préstamos de entre 5,000 y 15,000 pesos a personas en condiciones de vulnerabilidad económica, exigiendo como garantía las tarjetas de asistencia social con las que recibían un subsidio estatal mensual de RD$2,100.
Cuando no lograba recuperar el dinero, el imputado acudía a diferentes Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, donde fingía ser familiar directo de las víctimas primo, tío o esposo y registraba su supuesto fallecimiento.
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Para consumar la maniobra, se valía de médicos en pasantía sin exequátur, quienes llenaban los formularios de defunción en distintos turnos.
Posteriormente, completaba el proceso en el Ministerio de Salud Pública y en la JCE. Hasta ahora, las autoridades han identificado seis víctimas, cinco con registros completados y una que se quedó en la etapa inicial.
El Ministerio Público indicó además que Mendoza simulaba estados de aflicción emocional para dar credibilidad a su engaño en los centros de salud.
Calificación jurídica
La conducta del imputado constituye una violación al Código Penal dominicano por uso y alteración de documentos públicos basados en información falsa, así como al artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, que sanciona la falsedad.
Solicitud del Ministerio Público
Los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez, titular de Valverde, y Esther María González Peguero, representante ante la JCE, consideran que la prisión preventiva es la medida idónea y proporcional a la gravedad del caso.
También solicitaron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal, debido a la multiplicidad de víctimas, la reiteración de hechos, el uso de documentos falsificados y el impacto en los sistemas de salud y registral.
El caso cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE.
Próxima audiencia
La audiencia de medida de coerción se celebró este martes, con la participación de los fiscales litigantes Esther María González Peguero y Domingo Tejada.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, acogió una solicitud de la defensa y aplazó la vista para el próximo viernes 12 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
