Santo Domingo.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción número dos del Distrito Nacional, Tobías Crespo, reintrodujo un proyecto de ley con el objetivo de reducir las contravenciones de tránsito en un 75%, ajustando las multas, que actualmente varían desde 2,500 pesos en infracciones leves hasta 17,500 pesos en las más graves, siempre cumpliendo con los principios de racionalidad y proporcionalidad.
“Como parte de estos cambios, se introducirá una modificación que estudiará el tema de la prescripción de las multas, según lo establecido en el Código Penal y el Código Procesal Penal, y no en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como erróneamente están interpretando las autoridades y confundiendo a la ciudadanía”, explicó Crespo.
Te podría interesar: Padres de Sudiksha Konanki solicitan declararla fallecida; creen en la versión de Riibe
El diputado aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ministra de Interior, la DIGESETT, el INTRANT, la Procuraduría General de la República y demás autoridades, instándolos a hacer cumplir la Ley 63-17 ante la creciente ola de accidentes de tránsito que están llevando luto a muchas familias y hogares.
“No es necesario modificar la Ley 63-17 para incluir la palabra ‘obligatorio’ porque los mandatos de la ley son órdenes de ejecución por parte de las autoridades. El perro que persigue la cola nunca la alcanza. Les recuerdo que la ley tiene cinco medidas coercitivas para el pago de las multas: no se puede renovar la licencia de conducir, ni la placa, ni realizar el traspaso de un vehículo, tampoco renovar la póliza de seguros ni obtener la certificación de Inspección Técnica Vehicular o la revista”, indicó el congresista.
Crespo, quien es el autor de la Ley 63-17, criticó la incapacidad de la Procuraduría General de la República en el manejo y cobro de las multas, y señaló que tanto la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) también han fallado en hacer cumplir la ley.
“Estas instituciones deben cumplir con su deber, y no lo están haciendo. Por eso vemos que a diario se producen accidentes lamentables en las vías. Tienen que velar por el cumplimiento de la ley; si no lo hacen, la pandemia de accidentes de tránsito continuará en nuestras avenidas, carreteras y calles”, recordó.
Detalles del proyecto
Con respecto al pago de las multas, Crespo comentó que, bajo el principio de racionalidad y proporcionalidad, actualmente estas son inalcanzables para muchos ciudadanos debido a sus bajos ingresos, especialmente para quienes ganan el salario mínimo de 10,000 pesos o trabajan en la informalidad.
“Las multas que se están pagando actualmente provienen de la ley 12-07 del 2007, es decir, estamos usando una ley nueva con multas obsoletas. En esa ley se establecía un pago de 1,000 pesos para las infracciones leves y 1,650 pesos para las graves. En la nueva Ley 63-17, las multas oscilan entre 10,000 y 70,000 pesos, lo cual es muy difícil de pagar para los motociclistas, los ‘deliverys’ y otros ciudadanos con salarios bajos”, explicó.
El proyecto de ley propone una reducción del 75% en las multas, ajustándolas de acuerdo con el salario mínimo. Esto significaría que las infracciones más leves pasarían de 10,000 a 2,500 pesos, y las infracciones más graves de 70,000 a 17,500 pesos.
Además, el proyecto establece que los montos recaudados por las multas sean distribuidos entre los distintos órganos involucrados. Si la violación ocurre en un municipio, el 40% del monto recaudado iría al ayuntamiento local, el 20% al INTRANT, otro 20% a la DIGESETT y el 20% restante a la Procuraduría General de la República. Actualmente, todo el dinero recaudado va a la Procuraduría, sin distribuirse a los demás sectores.
El diputado destacó que el proyecto, que había expirado hace cinco años, aborda tres puntos clave: reducir el monto de las multas, distribuir equitativamente los ingresos de las multas entre los entes correspondientes, y resolver un conflicto de competencia entre los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz y especiales de tránsito.
