Santiago, R.D. – La Procuraduría General de la República ha dispuesto el traslado a una casa de acogida de una joven de 21 años, víctima de una violación grupal ocurrida en el municipio de Villa González el pasado mes de marzo. La medida busca garantizar su seguridad y protegerla de posibles represalias o presiones, tanto físicas como emocionales.
Además del resguardo físico, la víctima recibe atención psicológica especializada como parte del acompañamiento estatal para enfrentar el profundo trauma derivado de la agresión.
El caso ha causado una fuerte conmoción en la comunidad de Villa González, donde residentes y organizaciones sociales han exigido justicia y sanciones ejemplares para los responsables.
Doble vía de justicia: agresión sexual y delito digital
El Ministerio Público ha designado dos fiscales para llevar a cabo una investigación exhaustiva del caso. Uno de los fiscales está enfocado en el proceso penal por violación sexual, mientras que el segundo se encarga de rastrear y judicializar a las personas que compartieron en redes sociales los videos del crimen, agravando la situación de la víctima a través de la difusión no autorizada de contenido sensible.
Puedes leer más: Condenan a 10 años de prisión a hombre por contrabando de armas
Esta estrategia de doble vía pretende garantizar una justicia integral, atacando no solo la agresión física, sino también el delito digital que revictimizó a la joven.
Solicitan prisión preventiva para los acusados
La Oficina de Atención Permanente de Justicia ha fijado para este martes a las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer la medida de coerción contra los seis imputados por el crimen. Se trata de:
- José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso)
- Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo)
- Edwin Manuel Castro Guzmán (Guaro)
- Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé)
- Oneil Rafael Pichardo Martínez (Contreras)
- Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere)
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, dada la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrió la violación grupal.
Las autoridades han reiterado su compromiso con el combate a la violencia sexual y con el respeto a los derechos de las víctimas, al tiempo que llamaron a la ciudadanía a no compartir ni consumir contenido que vulnere la dignidad de personas afectadas por crímenes sexuales.
