El más alto tribunal de Guatemala avaló la medida de los fiscales de suspender el partido político del presidente electo Bernardo Arévalo por presunto fraude electoral y en el registro, una acción que el líder entrante denuncia como un “golpe de estado”.
Arévalo y las autoridades electorales habían impugnado la suspensión a finales de agosto, argumentando que las acusaciones de fraude electoral o en el registro son cargos penales y que al suspender el partido los fiscales se inmiscuían en cuestiones electorales.
La Corte de Constitucionalidad dictaminó el jueves que, aunque se trate de acusaciones penales, los fiscales pueden imponer medidas que tengan efectos electorales.
Opiniones encontradas
Sin su partido, el Movimiento Semilla, Arévalo puede verse perjudicado tras su toma de posesión el 14 de enero. Arévalo afirma que los fiscales, motivados políticamente, están dando un “golpe de estado” e intentan anular su victoria en las elecciones de agosto. Los fiscales afirman que algunas de las firmas utilizadas para registrar el partido de Arévalo podrían ser falsas.
Lo que dice la OEA
La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que las acciones de los fiscales parecían estar dirigidas a impedir que Arévalo asumiera el cargo.
Arévalo tuvo una actuación sorprendentemente fuerte en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala en junio, consiguiendo apoyo con una campaña contra la corrupción que atrajo a votantes frustrados, y ganó con casi el 61% de los votos en la segunda vuelta de agosto.
Los observadores electorales independientes han afirmado que no observaron indicios de fraude que pudieran haber afectado a los resultados en ninguna de las dos vueltas de las elecciones.
Quinto día de protesta para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Por otro lado, miles de personas bloquearon las carreteras de Guatemala esta semana como reacción a la incautación por parte de la fiscalía general de los recuentos de votos de las autoridades electorales. Dicha incautación formaba parte de las continuas investigaciones sobre acusaciones de fraude electoral que, según los observadores, tienen motivaciones políticas.
Grupos indígenas y campesinos paralizaron el tráfico en las principales arterias de transporte por lo que consideran una violación de la voluntad de los votantes.
Y este viernes, por quinto día consecutivo, las manifestaciones y bloqueos de carreteras en Guatemala se mantienen activas en más de 35 puntos del país, como parte de una protesta generalizada para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
