REDACCIÓN.- La Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico suspendió este jueves el traslado fuera de la isla del inmigrante dominicano Martín Medina de la Cruz y ordenó la celebración de una audiencia de fianza, tras acoger una solicitud presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.
La ACLU informó que presentó el martes una petición de habeas corpus de emergencia, junto a una moción urgente para paralizar el traslado de Medina de la Cruz, quien fue detenido el pasado 18 de enero en el sector de Puerto Nuevo, en San Juan.
La jueza federal Gina Méndez ordenó que se le conceda una vista de fianza ante un juez de inmigración a más tardar el 2 de febrero de 2026 a las 5:00 de la tarde, y dispuso que el Gobierno federal informe antes del 3 de febrero si dicha audiencia se celebró y cuál fue su resultado.
“Esta victoria envía un mensaje claro al presidente Trump y a las autoridades federales y estatales que han sido cómplices de un patrón de violaciones. Las personas inmigrantes en Puerto Rico tienen derechos”, expresó en un comunicado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
La organización sostuvo que la detención de Medina de la Cruz fue ilegal y arbitraria, y que el Gobierno federal intentaba trasladarlo fuera de la jurisdicción del tribunal de manera inminente, sin una base legal válida.
Por su parte, la abogada de inmigración Julie Cruz Santana afirmó que la decisión judicial debe servir de advertencia a los agentes federales que “insisten en encarcelar a personas inmigrantes que cualifican para procesos de protección humanitaria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y acceso real a sus derechos”.
Según la demanda, Medina de la Cruz se presentó voluntariamente ante las autoridades migratorias y mantenía un proceso migratorio pendiente. Además, ha residido en territorio estadounidense por más de cinco años y cuenta con autorización de empleo vigente.
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La ACLU alegó que la intervención ocurrió cuando agentes federales detuvieron a Medina de la Cruz y a otros dos ciudadanos dominicanos en un supermercado de la Placita Caribe, una zona de alta concentración de población dominicana, lo que calificó como un acto de perfilamiento racial.
La orden judicial constituye un remedio provisional mientras el tribunal evalúa el fondo del caso. La jueza concedió al Gobierno federal plazo hasta el 3 de febrero para responder formalmente a la demanda presentada por la ACLU de Puerto Rico.
