Redacción.- Un juez federal ha ordenado al gobierno del presidente Donald Trump suspender temporalmente la retención de fondos que ha afectado la ayuda humanitaria y los proyectos de desarrollo internacional. El gobierno tiene cinco días para demostrar que cumple con la orden judicial.
La resolución, emitida el jueves por la tarde, resalta los graves efectos financieros que la congelación de pagos ha causado a proveedores y organizaciones sin fines de lucro que dependen de estos fondos para sus actividades en el exterior.
Esta es la primera vez que se cuestiona la retención de fondos bajo la administración republicana, en un contexto donde aumentan las peticiones de diversos grupos, incluidos empleados del gobierno, organizaciones de ayuda y contratistas, para que los tribunales reviertan la decisión que afecta a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la asistencia exterior en general.
Trump y su asesor, Elon Musk, han sostenido que USAID y gran parte de la ayuda internacional no coinciden con la agenda de la administración republicana. No obstante, el juez cuestionó la falta de justificación por parte del gobierno sobre cómo la suspensión general de la ayuda podría ser una medida razonada y lógica para revisar los programas.
Según el juez Amir H. Ali, la medida no solo interrumpió miles de contratos con organizaciones de ayuda y empresas, sino que también dejó a muchos proveedores sin pagos por trabajos ya realizados, lo que llevó a la quiebra de varias entidades.
El congelamiento de fondos también afectó a agricultores y contratistas en Estados Unidos y otros países, quienes denunciaron que la ayuda alimentaria quedó almacenada sin ser distribuida, mientras que otros tipos de asistencia corren el riesgo de ser robados. El juez ordenó que el gobierno notifique la suspensión temporal a todas las organizaciones con contratos de ayuda exterior y fijó un plazo hasta el martes para su cumplimiento.
Hasta el momento, la administración de Trump no ha emitido una respuesta pública al fallo. La orden provisional surgió después de una demanda interpuesta por la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, dos organizaciones que reciben fondos estadounidenses para realizar proyectos de salud en el exterior.
En su resolución, el juez subrayó que el gobierno no presentó una justificación lógica para adoptar una decisión que afecta a innumerables empresas, tanto grandes como pequeñas, que dependen de esos fondos.
La decisión también impide que Marco Rubio, el secretario de Estado, y otros funcionarios hagan cumplir la suspensión del trabajo, la cual había sido comunicada a empresas y organizaciones encargadas de proyectos de ayuda exterior.
Además, en otro fallo relacionado, el juez Carl Nichols determinó que USAID no puede despedir a todos sus empleados en el extranjero, excepto una pequeña fracción, y que esta medida se mantendrá, al menos, por una semana más.
Ante la falta de planes detallados para garantizar la seguridad de los empleados, el juez solicitó más documentación al Departamento de Justicia. También se presentó una denuncia por parte de empleados de USAID que narraron cómo la agencia los dejó desprotegidos durante disturbios violentos en la República Democrática del Congo, obligándolos a evacuar por su cuenta.
