WASHINGTON. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este domingo a la “izquierda radical” de instigar y financiar las protestas que han sacudido Los Ángeles durante los últimos tres días, tras una serie de redadas migratorias realizadas por autoridades federales.
“Estas protestas de la Izquierda Radical, por instigadores y a menudo alborotadores pagados, no serán toleradas”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social, al tiempo que anunció una prohibición del uso de máscaras durante manifestaciones: “¿Qué tiene que ocultar esta gente y por qué?”, cuestionó.
Los enfrentamientos en Los Ángeles, especialmente en la ciudad de Paramount, se intensificaron luego de que más de 50 vehículos federales ejecutaran un amplio operativo migratorio en una empresa local. Activistas y miembros de la comunidad intentaron bloquear las detenciones, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma, dejando múltiples heridos.
Trump arremete contra autoridades demócratas
En su mensaje, Trump arremetió contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, a quien llamó despectivamente “Nuevaescoria” (‘Newscum’), y contra la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recordando su manejo de emergencias anteriores: “Basta con ver cómo gestionaron los incendios”, expresó.
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Por su parte, Bass expresó sus dudas sobre la necesidad del despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional ordenado por el Gobierno federal. “No creo que sea necesario porque confío en que el Departamento de Policía de Los Ángeles y otras fuerzas del orden puedan manejar la situación”, afirmó en declaraciones a la cadena ABC.
Tensión entre autoridades locales y federales
El clima político se tensó aún más cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que podría enviar infantes de Marina si la violencia persiste, lo que provocó una fuerte reacción del gobernador Newsom, quien calificó la medida como un “comportamiento desquiciado”.
Desde el viernes, la ciudad ha sido escenario de operativos en al menos siete ubicaciones diferentes, lo que generó actos de vandalismo, grafitis contra edificios federales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El Departamento de Seguridad Nacional expresó preocupación por los disturbios, pero defensores de derechos humanos acusan al Gobierno federal de responder con tácticas militares desproporcionadas ante manifestaciones civiles.
