El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves las sanciones impuestas por EE.UU. a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y a 15 representantes de varios poderes públicos, al calificarlas como un “nuevo crimen de agresión”.
En un comunicado, la Cancillería venezolana aseveró que la inclusión de estos 16 funcionarios del Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro, demuestra un “total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos”.
Para Caracas, la imposición de sanciones luego de que el presidente Nicolás Maduro resultara reelecto en los pasado comicios presidenciales y el excandidato opositor Edmundo González desconociera el escrutinio, “son un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana”.
“La potencia más hostil”
En el texto se afirma que las medidas coercitivas unilaterales “rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar” entre los gobiernos venezolano y estadounidense, al tiempo que “pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de ‘cambio de régimen’, como parte de la doctrina Monroe”.
En esa línea, la Cancillería admite que “poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos”.
Finalmente, el texto oficial denuncia que la “arremetida” contra quienes “defienden la soberanía y la paz de la Nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población”.
Según una publicación en Telegram del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, “tras el fracaso del golpe electoral y ciber terrorista del 28 de julio”, Washington ya suma 947 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano.
El por qué de las sanciones
La presidenta del TSJ y varios de sus magistrados fueron sancionados por Washington, luego de que esa máxima instancia convalidara la reelección Maduro, quien ganó los comicios del pasado 28 de julio.
El Supremo supervisó un proceso de peritaje hecho por expertos de varias áreas que analizó el material electoral consignado por el CNE, los excandidatos y sus partidos, luego de que el exaspirante de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática no aceptara los resultados del escrutinio y alegara “fraude”.
- Los rectores del CNE fueron incluidos en la lista de la OFAC por formar parte del Poder Electoral, encargado de organizar y arbitrar los pasados comicios presidenciales. EE.UU. ha desconocido sistemáticamente los resultados que no han sido favorables a los sectores de la oposición que respalda.
- A los fiscales del Ministerio Público se les impusieron sanciones debido a que el ente acusador pidió una orden de aprehensión contra González por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos usurpación de la función pública y conspiración. Tras su huida a España, la Fiscalía consideró que el caso estaba judicialmente cerrado.