Diversas reacciones han surgido a raíz de la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) en la que instruye a las entidades públicas hacer levantamiento sobre cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados del Estado.
Las direcciones de Recursos Humanos de cada órgano, cuenta con un plazo de 15 días laborables para recopilar información respecto a si los servidores tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable, y si no lo tiene a su nombre deberá especificar a nombre de qué familiar está.
Sobre el tema, la Constitución dominicana dice en su artículo artículo 44 sobre los Derecho a la intimidad y el honor personal, dice que “toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo”.
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Al respecto, congresistas de la oposición política se han manifestado en contra, mientras que la misma es respaldada por dirigentes del partido oficialista, como el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza.
Ramón Raposo, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresó este viernes que “el Gobierno dominicano lo que debería estar estableciendo a la sociedad dominicana cómo va a solucionar el colapso eléctrico, la situación de inseguridad, el problema del agua”.
El representante de la Fuerza del Pueblo(FP) del Distrito Nacional, Tobías Crespo, expresó no pensar en que un solo funcionario se atreva a aprobar una medida de este tipo. Estos funcionarios, todas las semanas están poniendo huevos, huevos y huevos”.
José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró esta medida como una “locura”, ya que irrespeta la dignidad humana y presiona a los servidores públicos a presentar estos reportes por el temor a perder sus empleos.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, puntualizó que el objetivo principal de la circular es conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, en virtud de la necesidad de la existencia de orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta ciudadana y levantar información para diversas planificaciones y proyectos.
