Redacción. – La Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), la Comisión de Justicia del Senado de la República y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) llevaron a cabo el foro académico “Ministerio de Justicia y Sistema Penitenciario”, con la organización y participación del senador Antonio Taveras, presidente de la Comisión de Justicia del Senado; Héctor Pereyra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; y Roberto Santana, director de la ONAPREP.
El evento tuvo como objetivo reflexionar sobre los reales alcances de la actual reforma penitenciaria, promover el diálogo entre los sectores académico, político y jurídico, y concienciar sobre la urgencia de producir un cambio estructural en el sistema de justicia penitenciaria, y reinserción social en la República Dominicana.
La conferencia central estuvo a cargo del comunicador Ricardo Nieves y los comentarios técnico-jurídicos fueron presentados por Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, coordinador del Área de Justicia de la ONAPREP; el magistrado Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y por el representante de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Pedro Luis Montilla Castillo.
Antonio Taveras Guzmán recordó que el Senado de la República, y él en particular como presidente de la Comisión de Justicia, están conscientes de la importancia de que el Ministerio de Justicia se convierta en una realidad, ya aprobado en primera lectura en la Cámara Alta, en el entendido de que este ministerio desempeña un papel central no solo en la administración de justicia, sino en el sistema penitenciario y la reinserción de los Privados de Libertad.
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Señaló que el Ministerio de Justicia formó parte de la estructura judicial del país durante más de 120 años. Sin embargo, sucesivas reestructuraciones fueron traspasando sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, incluyendo la gestión del sistema penitenciario. Consideró que esto ha hecho evidente la necesidad de una reforma penitenciaria integral, con enfoque en los derechos humanos, la rehabilitación y la reinserción social, lo que ha desembocado en la urgencia de restablecer el Ministerio de Justicia. Aclaró Taveras.
Los participantes coincidieron en que esta reforma ha enfrentado importantes obstáculos en cuanto a implementación, continuidad institucional y sostenibilidad, por lo que reiteraron la necesidad urgente de una transformación más profunda, estructural y efectiva, que supere los desafíos del pasado y apueste por un modelo moderno y seguro, transparente y humanizado de gestión penitenciaria.
De acuerdo con la ONAPREP, esta transformación debe guiarse por dos principios fundamentales: crear centros penitenciarios dignos y que contribuyan a la seguridad ciudadana y, así mismo, desmantelar aquellas estructuras antiguas que no funcionan y que, además, están plagadas de corrupción, impidiendo una verdadera reinserción social.
