Por: Marleny García Camilo
La falta de modernización legal y la gran burocracia administrativa están atrasando el desarrollo de la minería en la República Dominicana: más de 275 solicitudes de exploración y explotación mineras siguen en revisión, algunas desde 2008, según datos recientes.
Sectores con interés en invertir declaran que estos retrasos se deben a una legislación obsoleta y a la excesiva tramitación formal, factores que frenan inversiones clave y limitan el crecimiento económico del país.
¿Cómo puede ayudar la iniciativa “Burocracia Cero”?
El programa Burocracia Cero, establecido por el Decreto 640‑20 y priorizado en la Agenda Digital 2030, busca:
Reducir pasos y requisitos innecesarios, digitalizar trámites, reducir tiempos e impulsar interoperabilidad entre instituciones públicas.
Implementarse ya en sectores clave, incluyendo Energía y Minas, podrían acelerar la revisión y aprobación de los proyectos mineros, eliminando redundancias y agilizando procesos que actualmente generan cuellos de botella.
Impacto en el sector minero
Simplificación de trámites: los permisos y licencias ya no deberían quedar paralizados por procedimientos largos e ineficientes.
Digitalización y transparencia: permite seguimiento en línea y menos discrecionalidad institucional.
Interoperabilidad institucional: reduce duplicación de requisitos entre Ministerio de Energía y otras entidades.
Evaluación continua: medición constante que garantice mejoras reales en los procesos administrativos.
La implementación efectiva de Burocracia Cero puede significar un punto de inflexión para destrabar más de 275 solicitudes mineras acumuladas y dinamizar inversiones en el sector.
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Este programa promete no solo eficiencia administrativa, sino también un entorno regulatorio más atractivo, transparente y equitativo para ciudadanos y empresas.
La clave radica en su ejecución efectiva en sectores como el energético y minero, donde ya se están dando los primeros pasos para su consolidación.
La iniciativa Burocracia Cero, impulsada con determinación por el presidente Luis Abinader, representa una respuesta estructural y visionaria a esta realidad. No se trata solo de eliminar trámites, sino de transformar la cultura institucional, recuperar la confianza en los servicios públicos y facilitar las condiciones para que el desarrollo llegue más rápido y con más equidad.
La transformación del Estado no es un lujo, es una necesidad. Y ahora, más que nunca, se está construyendo un país donde los procesos sirvan a la gente, y no al revés.
