SANTO DOMINGO, RD.- Los abogados de la familia Reyes, querellantes en el proceso judicial conocido como caso Calamar, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no cometió desfalco alguno, sino que se limitó a cumplir con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de seis décadas.
El expediente, que mantiene encartados a exfuncionarios y empresarios por presuntas maniobras para distraer recursos del Estado, gira en torno a los pagos autorizados en 2016 a distintas familias reclamantes de terrenos, entre ellas los Reyes, herederos directos del copropietario de la parcela 613 donde hoy se levanta el Aeropuerto Internacional Las Américas.
Según la barra de defensa, lo que se intenta presentar como fraude habría sido en realidad el cumplimiento de decisiones judiciales, mientras que los verdaderos estafadores fueron protegidos por el Ministerio Público.
El abogado Moisés Sánchez Ramírez explicó que el desembolso realizado en 2016 estaba consignado en el presupuesto nacional y respondía a fallos judiciales firmes.
“El Estado pagó bien, no hubo desfalco. Lo que sí hubo fue una estafa de Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en lugar de responder por ello, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”, denunció.
En la misma línea, el jurista Rafael Zapata recordó que la sentencia ordenaba pagar 1,288 millones de pesos a los Reyes, de los cuales se ejecutó un 80 %. El 20 % restante aún no ha sido saldado.
“Crisóstomo se apropió indebidamente de 550 millones y devolvió mil millones para obtener ventajas procesales. No podemos hablar de un pago irregular del Estado; el dinero fue bien pagado. Los verdaderos estafadores están en otro lado”, puntualizó.
Otros abogados representantes, como Julio César Ventura y Alexander Navarro, coincidieron en acusar al Ministerio Público de incumplir su deber de proteger a las víctimas. Ventura aseguró que corresponde ordenar el pago pendiente y garantizar institucionalidad en el proceso. Navarro fue más tajante:
“La familia Reyes se muere de hambre mientras el Ministerio Público juega a la narrativa de un falso desfalco. Guerrero pagó lo que establecía la ley”.
La familia Reyes, heredera directa de los antiguos propietarios de la parcela 613, insiste en que ha sido víctima de una estafa por más de 700 millones de pesos.
“Donald Guerrero cumplió con la deuda social; lo que ha faltado es justicia contra quienes defraudaron al Estado y a nuestra familia”, concluyó Sánchez Ramírez.
