Santo Domingo. – El ambientalista Luis Carvajal calificó como “una solución necesaria y pertinente” la decisión anunciada por el presidente Luis Abinader de iniciar el proceso de titulación de 43 millones de metros cuadrados en áreas protegidas, específicamente en el Parque Nacional Los Haitises y la Reserva Forestal Loma Novillero en Villa Altagracia.
Carvajal explicó que esta medida representa un paso de justicia social compensatoria, pero advirtió que no resuelve por completo los problemas estructurales del sistema nacional de áreas protegidas.
“El primer problema es que muchos ocupantes históricos no disponen de títulos; Dos, que ha habido siempre una mafia en la estructuración de los títulos, una tendencia a ocupar el terreno público, muchos de los cuales han sido ocupados después de haber sido declarados de área protegida, y que han habido muchas operaciones de carácter inmobiliaria e irregulares alrededor de estos espacios donde gente que, por ejemplo, ocupaban vendían y transferían y todo esto sin un papel, lo cual dificulta la acción del Estado”, afirmó.
A esto se suma, dijo, la negligencia de instituciones como el Tribunal Superior de Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, razón por la cual consideró imprescindible abordar de manera integral el tema de la propiedad en áreas protegidas.
Advertencia sobre clientelismo y ocupaciones irregulares
Carvajal advirtió que el gran reto será evitar que “el avivatismo tradicional en República Dominicana aproveche el empuje del Estado para titular” a personas sin vínculo legítimo con los terrenos. Señaló que existe el riesgo de que, si se mezcla con el clientelismo político, la solución se convierta en un problema mayor.
En ese sentido, insistió en la necesidad de realizar un inventario integral de los terrenos públicos y de las ocupaciones irregulares, ya que muchas se han producido por la pobreza, pero otras por personas con poder económico, político o vínculos militares, que incluso han logrado controlar espacios en parques nacionales como Valle Nuevo o Cotubanamá.
“Tenemos casos de cascadas y saltos de agua en áreas protegidas donde el acceso es privado y se cobra por usarlas. Es un reflejo del nivel de desatención y de presión que sufren nuestras áreas protegidas”, expresó.
Valoración positiva de la medida presidencial
El ambientalista saludó que los títulos sean emitidos a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, y no a particulares, destacando que la ley establece ese procedimiento para garantizar la utilidad pública y evitar nuevas transferencias irregulares.
“Esa decisión es correcta porque impide que se siga alimentando la cadena de ventas ilegales dentro de áreas protegidas, algo que ha generado redes complejas imposibles de regular”, precisó.
Finalmente, Carvajal, en representación de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, reiteró que si bien la medida es un avance, el país enfrenta un profundo nivel de desatención en el sistema nacional de áreas protegidas, lo cual requiere de acciones más amplias, firmes y coordinadas.
