Santo Domingo.- Senadores defendieron este jueves que el Poder Ejecutivo posee plena facultad constitucional para suscribir acuerdos bilaterales orientados a reforzar la seguridad nacional, luego de que se autorizara a aeronaves estadounidenses operar en áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas, en el marco del Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea vigente entre República Dominicana y Estados Unidos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recordó que el país mantiene mecanismos de cooperación similares desde 1995, reforzados por un protocolo firmado en 2003. Explicó que cualquier modificación que exceda el marco previsto originalmente debe ser remitida al Congreso, conforme establece la Constitución.
Asimismo, seguró que el acuerdo no afecta la soberanía dominicana y que su objetivo central es fortalecer la capacidad del Estado frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
El senador por Samaná, Pedro Catrain, afirmó que el presidente Luis Abinader está facultado para firmar este tipo de convenios sin comprometer la soberanía nacional. Asimismo, recordó que todo acuerdo internacional debe pasar por el Senado y que la comisión especializada en Relaciones Exteriores está preparada para conocerlos.
Catrain sostuvo además que Venezuela “es una dictadura” y ha sido “la principal fuente del narcotráfico” vinculado al denominado Cartel de los Soles.
De su lado, Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez consideró el acuerdo como un instrumento adicional para combatir el narcotráfico, al que describió como “un flagelo que está destruyendo a las familias y a la sociedad”. Negó que la autorización represente una maniobra para intervenir militarmente en Venezuela, asegurando que un conflicto de esa naturaleza requeriría consenso internacional.
“No creo en esa versión de invasión. Sí creo en la utilidad del acuerdo, que viene a ponerle la tapa al pomo en la lucha contra el crimen organizado”, expresó.
En tanto, la senadora de Puerto Plata Ginette Bournigal, destacó que acuerdos de esta naturaleza han sido firmados por gobiernos de distintas administraciones, lo que demuestra continuidad en la política de cooperación internacional. Defendió que, amparado en el artículo 80 de la Constitución, un protocolo técnico y temporal puede ser suscrito por el Ejecutivo sin necesidad de pasar por el Congreso.
Recordó que República Dominicana ya mantiene colaboración activa con Interpol, la DEA y otros organismos internacionales bajo estándares globales de seguridad.
La legisladora agregó que, ante los avances tecnológicos en criminalidad incluyendo drones, flotas rápidas y mecanismos sofisticados de tráfico, es imprescindible fortalecer la cooperación. Subrayó que el narcotráfico moderno opera con mayor complejidad y que incluso personas con alto poder adquisitivo han sido descubiertas recientemente en actividades de tráfico, lavado de activos y movimiento ilícito de bienes.
“Hoy es más fácil detectar estas redes. Estamos en colaboración para que este flagelo termine”, puntualizó.
