Santo Domingo.– El director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, afirmó este lunes que el presidente de la República, Luis Abinader, ha actuado con coherencia y firmeza frente al presunto caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al asegurar que fue el propio Poder Ejecutivo quien remitió los hallazgos al Ministerio Público para su investigación.
“El presidente ha sido reiterativo en exhortar a que el dinero público se administre de manera transparente y eficiente. En este caso, donde se detectaron posibles anomalías, la actuación fue remitir los hallazgos al Ministerio Público”, expresó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Rizik explicó que, tras detectarse posibles irregularidades, el Gobierno ordenó una investigación inmediata y envió el expediente correspondiente al órgano persecutor para que actuara conforme a la ley.
Rizik resaltó que Abinader ha dejado claro que no será cómplice de ninguna acción incorrecta dentro del Estado dominicano, y que esa advertencia ha sido constante hacia su gabinete y la administración pública en general.
“No es un discurso vacío. La transparencia ha pasado a la acción. A diferencia de gobiernos pasados que miraban hacia otro lado, este gobierno actúa cuando detecta una situación irregular”, sostuvo.
Gobierno no “miró hacia otro lado”
Al ser cuestionado sobre versiones que señalan que el Poder Ejecutivo habría ignorado el expediente hasta que una investigación periodística destapó el caso, Rizik lo negó categóricamente.
“No se hizo de la vista gorda. Fue el mismo Poder Ejecutivo quien remitió el expediente para que el Ministerio Público iniciara la investigación correspondiente”, enfatizó.
Añadió que los medios de comunicación también juegan un papel clave en la democracia, ya que muchas investigaciones periodísticas sirven de apoyo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Rol de la Sisalril
El funcionario explicó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) recibió el mandato del Poder Ejecutivo para realizar una investigación interna sobre la situación de SeNaSa.
Indicó que la Sisalril, encabezada por César Hato, es una institución técnica y profesional cuya capacidad no está en duda, y que cumplió con el proceso de evaluación correspondiente.
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Asimismo, señaló que SeNaSa se constituirá en actor civil, tal como anunció el presidente Abinader, con el objetivo de recuperar los fondos que presuntamente fueron sustraídos al patrimonio público.
Abinader no será cómplice
Rizik reiteró que el mensaje del mandatario constituye una advertencia clara: su gobierno no respaldará ni encubrirá actos de corrupción.
“No es la primera vez que el presidente lo dice y tampoco será la última. Este gobierno seguirá del lado del país, del bien público y de una gestión transparente”, concluyó.
Sobre el caso SeNaSa
Se recuerda que el pasado sábado el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ejecutó la Operación Cobra, que investiga una presunta red de corrupción que habría defraudado con miles de millones de pesos a SeNaSa.
Como parte de la operación, fueron arrestadas ocho personas, entre ellas:
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Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, señalado como figura central del entramado.
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Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero (2020–2024), acusado de manejar recursos y transacciones irregulares.
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Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud, vinculado a contratos irregulares con prestadores privados.
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Eduardo Read Estrella, empresario ligado a la empresa Khersum S.R.L., beneficiada con pagos bajo modalidad capitada sin respaldo efectivo de servicios.
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Cinty Acosta Sención, implicada en la gestión administrativa de contratos.
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Ramón Juan Speaker Mateo, vinculado a autorizaciones financieras bajo investigación.
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Ada Ledesma Ubiera, relacionada con la coordinación de pagos sin verificación adecuada.
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Guzmán Rafael Robles Quezada, señalado por facilitar decisiones administrativas que permitieron el fraude.
Los arrestos se produjeron tras 12 allanamientos realizados por más de 20 fiscales y 200 agentes policiales en distintas localidades. Se espera que en los próximos días se presenten las solicitudes de medidas de coerción contra los implicados, en un proceso que busca esclarecer la magnitud del fraude y garantizar la recuperación del patrimonio defraudado.
