Santo Domingo.– La abogada especialista tributaria Marcia Bethania Romero explicó que la entrada en vigor de la Ley 30-26 ha comenzado a generar dudas entre usuarios bancarios, profesionales independientes y contribuyentes, debido a los nuevos alcances que introduce la normativa en materia de transferencias, retenciones y obligaciones fiscales.
Durante una entrevista en el programa En Contexto, Romero indicó que los bancos han empezado a notificar a sus clientes sobre la aplicación del gravamen de 0.20 % a determinadas transferencias realizadas desde cuentas personales hacia cuentas de terceros, así como a pagos de productos financieros que no estén a nombre del mismo usuario.
La experta aclaró que las transferencias entre cuentas propias, aunque pertenezcan a diferentes entidades bancarias, no deberían estar sujetas a ese cobro. Sin embargo, señaló que algunos bancos han presentado dificultades para identificar de manera automática cuándo se trata de cuentas del mismo titular, por lo que, en ciertos casos, los clientes podrían verse obligados a realizar reclamaciones.
Romero explicó que la Superintendencia de Bancos ya se ha pronunciado sobre este punto, estableciendo que las entidades financieras deben buscar mecanismos que permitan diferenciar las transacciones gravadas de aquellas que están exentas, especialmente cuando se trata de movimientos entre cuentas del mismo propietario.
Otro de los temas abordados fue el posible impacto sobre servicios digitales contratados en el exterior, como almacenamiento de datos, software y otras herramientas tecnológicas. La especialista sostuvo que existe una línea fina en la interpretación de la ley, por lo que llamó a no afirmar más de lo que establece formalmente la normativa.
En cuanto a los profesionales liberales, Romero precisó que la retención del Impuesto sobre la Renta pasó de un 10 % a un 15 %, lo que representa un aumento significativo para quienes reciben pagos por honorarios profesionales. Indicó que este cambio afectará directamente el flujo de ingresos de abogados, comunicadores, médicos, arquitectos y otros trabajadores independientes.
La especialista también destacó que la Ley 30-26 incluye modificaciones al Régimen Simplificado de Tributación (RST), aumentando el umbral de ingresos para personas físicas hasta RD$15 millones anuales y para personas jurídicas hasta RD$30 millones. A su juicio, este punto puede representar un beneficio para contribuyentes que califiquen dentro de ese régimen.
Romero consideró que, más allá de aumentar las cargas a quienes ya están formalizados, el Estado debe profundizar sus esfuerzos para educar, formalizar y fiscalizar a los contribuyentes que permanecen fuera del sistema. Sostuvo que la administración tributaria debe enfocarse en promover el cumplimiento oportuno y perseguir la evasión, sin concentrar la presión únicamente sobre los sectores visibles de la economía.
