SANTO DOMINGO, RD.- La procuradora general, Yeni Berenice, defendió hoy el trabajo del Ministerio Público y aseguró que las conclusiones de la institución se sustentan en un análisis riguroso y pruebas acumuladas por un equipo de investigación.
La funcionaria negó las versiones que hablan de negociaciones para el decomiso de bienes y defendió la interpretación del nuevo Código Procesal Penal.
En sus declaraciones subrayó que “hay que analizar sin parar un equipo de más de 100 personas para llegar a esas conclusiones” y que, a diferencia de reportajes o análisis periodísticos, la fiscalía actúa sobre premisas probadas.
“En el caso del Ministerio Público cada premisa tiene que tener prueba porque nosotros somos fiscales y tenemos que hablar con prueba”, afirmó.
La procuradora afirmó que la defensa puede cuestionar o “ponerle el término que entiendan”, pero insistió en que “los hechos están ahí” y que en causas de criminalidad organizada no se podrá alegar que los hechos no ocurrieron o que las pruebas no están en el expediente.
Sobre versiones que señalan negociaciones o pactos para el decomiso de bienes, la titular fue categórica: “Hasta este momento, hasta el día de hoy, el Ministerio Público viene por razones del tiempo que lleva el proceso, no tiene caso de decomiso pactado.
El Ministerio Público sí va a salir por recuperar cada centavo que se haya sustraído. Entonces, eso de que alguien está negociando esas cantidades, tenga usted la certeza de que la información tiene cero veracidad”.
La funcionaria también hizo una defensa abierta del Código Procesal Penal y de las garantías que, a su juicio, ofrece.
“Lea el código, porque he visto muchos comentarios y pudiera decir que más del 98% no se corresponde con la realidad”, dijo, y añadió que, pese a las reformas, el Ministerio Público “no tiene una sola facultad adicional a la que tenía desde el 2004 y desde la ley 10-15”.
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Yeni Berenice retó a quienes aseguran lo contrario: “Yo reto a cualquiera que diga qué facultad tenía el Ministerio Público o tiene ahora con estas reformas que no teníamos antes”. Señaló que el régimen de allanamientos, arrestos, secuestros y la solicitud de medidas de coerción “no se tocó en el código”.
La procuradora concluyó enfatizando el papel de la fiscalía en la protección de grupos vulnerables y rechazando que se minimice la gravedad de los hechos investigados. “No nos parece que alguien que juega con la salud de personas en condiciones de vulnerabilidad sea algo como para usar un calificativo que minimice la situación”, afirmó.
