El diputado Eugenio Cedeño Areche, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Romana, reiteró la necesidad urgente de una reforma profunda de la Ley Electoral, al considerar que la normativa actual es débil y permite graves distorsiones en el proceso democrático, especialmente en el financiamiento de las campañas políticas.
Cedeño afirmó que la legislación vigente no garantiza transparencia ni equidad, ya que permite el gasto desmesurado y la entrada de capitales externos tanto empresariales como vinculados al narcotráfico que influyen directamente en la competencia electoral. Según explicó, esta realidad pone en riesgo la integridad del sistema democrático dominicano.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, el legislador señaló que los partidos políticos están obligados a revisar sus boletas, pero la ley actual dificulta este proceso porque exige pocos requisitos para ser candidato. Aunque se pide ser dominicano y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles, no se requiere siquiera saber leer y escribir, lo que, a su juicio, complica la implementación de filtros adecuados para escoger representantes idóneos.
Te puede interesar: Diputados aprueban las observaciones del Poder Ejecutivo a ley de residuos sólidos
Cedeño también cuestionó la eficacia de los métodos utilizados para seleccionar candidatos, como las encuestas internas, a las que calificó de débiles y poco confiables. En ese sentido, propuso un sistema de selección más riguroso y transparente, capaz de impedir la entrada de aspirantes con perfiles cuestionables.
Al ser cuestionado sobre el caso de la diputada Jacqueline Fernández cuyo exesposo fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos Cedeño evitó emitir opiniones, alegando que el proceso está en los tribunales y que no corresponde hacer juicios mientras la justicia no concluya. Aclaró que Fernández es compañera de partido y que él no tiene participación en ese caso.
Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la denuncia del creciente influjo de dinero externo en las campañas, tanto del narcotráfico como del sector empresarial. Aunque reconoció que las empresas tienen derecho a apoyar candidatos, advirtió que el dinero corporativo también puede crear una “desigualdad de armas”, aplastando a aspirantes con menos recursos económicos.
Puedes leer: JCE inicia calibración y personalización de primeras máquinas para nueva cédula
“El dinero del narcotráfico es dañino, pero el dinero empresarial también lo es. El desequilibrio es evidente cuando los candidatos con menos recursos son aplastados por grandes capitales, sin importar de dónde provengan”, expresó.
Cedeño señaló además fallas graves en el sistema de fiscalización del gasto electoral. Recordó que la ley establece un tope de 105 pesos por votante para diputados y senadores, pero en la práctica algunos aspirantes sobrepasan ampliamente esos límites. Como ejemplo, mencionó que él está autorizado a gastar unos 25 millones de pesos, mientras que ha visto campañas senatoriales que superan los 120 millones.
Para corregir estas distorsiones, propuso que los candidatos no puedan gastar más de lo que ganarían en el cargo, y que solo se permita un gasto adicional del 50% si proviene de donaciones transparentes, auditables y supervisadas por la Junta Central Electoral (JCE). Esta medida, aseguró, contribuiría a lograr elecciones más equilibradas y justas.
Otro tema que abordó fue la influencia de las bancas de apuestas en la política de La Romana, un sector económico dominado según Cedeño por figuras de alto poder en la provincia. Advirtió que el dinero generado por estas actividades no solo tiene gran peso en la economía local, sino que también financia campañas, lo que podría fomentar la corrupción y aumentar la “ludopatía social”.
Afirmó que la falta de regulación en la proliferación de bancas crea una distorsión urbana, señalando que por cada farmacia hay al menos 100 bancas de apuestas, sin exigencias de distancias mínimas entre sí, como ocurre en otros negocios regulados.
Finalmente, Cedeño alertó que la política dominicana está experimentando la entrada masiva de empresarios y personas vinculadas a sectores oscuros, incluida la delincuencia organizada. A su juicio, esta tendencia amenaza gravemente la transparencia electoral.
“Estamos viviendo en una época en la que tanto empresarios como narcotraficantes aspiran a ser políticos. Es hora de ponerle freno a esto para que la política sea verdaderamente representativa de los intereses del pueblo”, concluyó.
Con estas declaraciones, el diputado busca impulsar un debate nacional sobre la necesidad de reformar la ley electoral y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento político, con el objetivo de asegurar un sistema más justo, transparente y equitativo para todos los ciudadanos.
