Santo Domingo.- El coordinador del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Juan Valdez, calificó como un “fracaso a nivel nacional” el llamado del Ministerio de Educación (MINERD) para reiniciar la docencia este 6 de enero, tras asegurar que ni los estudiantes ni los docentes acudieron a los centros educativos.
Valdez afirmó que la decisión del MINERD constituye un error y representa una violación a la Ley General de Educación 66-97 y al reglamento del Estatuto del Docente, los cuales establecen que los maestros deben disfrutar de 10 días laborables de vacaciones durante el periodo navideño. “Precisamente esos 10 días se cumplen mañana 7 de enero y no hoy”, puntualizó.
El representante del Observatorio Educativo también señaló que el llamado adelantado afecta la tradición del Día de Reyes, una fecha profundamente arraigada en la cultura dominicana y parte de la formación cívica de la población. “No existe ninguna razón que justifique alterar esta costumbre”, sostuvo.
Valdez advirtió que el debate no debe centrarse en “un día más o un día menos de clases”, sino en el respeto al marco legal vigente y al derecho de los docentes a una pausa conforme lo establecen las normas. Enfatizó que la calidad educativa no depende de la cantidad de días calendario, sino de las condiciones que sostienen el funcionamiento escolar.
“La calidad educativa no se determina por la cantidad de días de clases, sino por la calidad de los recursos, los procesos, las condiciones que sostienen a las escuelas públicas, su infraestructura, alimentación escolar, dotación de libros de texto, indicadores de desempeño, capacitación docente y políticas socioeducativas”, afirmó.
El dirigente gremial señaló que estas áreas han recibido “mucho menor apoyo institucional” en los últimos cinco años, por lo que instó al MINERD a concentrarse en fortalecer estos aspectos en lugar de “imponer fechas que contravienen la ley y las tradiciones culturales del pueblo dominicano”.
La ADP reiteró su llamado al respeto del calendario escolar establecido por la normativa vigente y a priorizar políticas de fondo que garanticen una mejora real en la educación pública.
