REDACCIÓN.- El Salvador aprobó este martes 17 de marzo el inicio de un proceso de reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua contra homicidas, violadores y terroristas.
La iniciativa surge tras cuatro años bajo régimen de excepción y en un contexto de marcada reducción de la criminalidad, que el oficialismo interpreta como evidencia de un control territorial consolidado.
Al detallar el alcance de la propuesta, la diputada Suecy Callejas, del partido Nuevas Ideas, afirmó que la paz alcanzada “no es negociable” ni frente a organismos internacionales ni ante sectores opositores.
Sostuvo que el régimen de excepción permitió recuperar comunidades y que la reforma busca garantizar que ese proceso sea irreversible.
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, superando el mínimo requerido para su estudio.
El trámite avanzó con rapidez mediante dispensa, lo que permitió su discusión y aprobación inicial en una misma jornada, en medio de un debate centrado en el equilibrio entre derechos de las víctimas y garantías de los acusados.
La reforma plantea modificar el artículo 27 de la Constitución, que actualmente prohíbe la prisión perpetua. El diputado Giovanny Zaldaña defendió el cambio al considerar que las leyes deben priorizar la protección de los ciudadanos.
En la misma línea, Christian Guevara rechazó que la cadena perpetua constituya tortura, mientras que Caleb Navarro argumentó que la medida responde a la magnitud histórica de la violencia en el país.
El debate también incluyó posiciones desde la oposición. La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, puso el foco en las víctimas de delitos sexuales y cuestionó la exposición pública de condenados en procesos de reinserción.
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Además, propuso la castración química para violadores y solicitó explicaciones al director de Centros Penales, Osiris Luna. Sin embargo, sus planteamientos solo obtuvieron dos votos favorables.
La discusión evidenció una fuerte polarización en torno al endurecimiento del sistema penal.
Mientras el oficialismo insiste en priorizar la protección de las víctimas y consolidar los avances en seguridad, sectores críticos advierten sobre posibles implicaciones en materia de derechos fundamentales.
El proceso de reforma continúa su curso en medio de tensiones políticas y cuestionamientos internacionales.
