SANTO DOMINGO.- La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes 29 de mayo a las 3:00 de la tarde si los principales implicados en el denominado caso Calamar serán enviados a juicio de fondo. El proceso involucra a varios exfuncionarios acusados por el Ministerio Público de provocar un perjuicio al Estado superior a los 19 mil millones de pesos.
La etapa preliminar del caso ya concluyó y entre los acusados figuran los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Según la acusación, los imputados habrían realizado pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, afectando fondos estatales.
En una audiencia separada programada para las 9:00 de la mañana de este mismo viernes, el tribunal también conocerá la solicitud de apertura a juicio contra el exsenador por Azua, Rafael Calderón. El exlegislador ha enfrentado un proceso distinto debido a problemas de salud que le impidieron participar junto al resto de los acusados.
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra 46 personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos. De acuerdo con el expediente, parte de los recursos supuestamente desviados habría sido utilizada para financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral del año 2020.
Entre los demás señalados en el proceso se encuentran el abogado Ángel Lockward; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; además de Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Julián Omar Fernández Figueroa y Claudio Silver Peña. También figuran Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía.
El pasado 28 de marzo, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el expediente revela una presunta estructura de corrupción administrativa integrada por funcionarios que habrían utilizado sus cargos para desviar miles de millones de pesos del Estado. Según sostuvo, esos recursos pudieron haberse destinado a áreas prioritarias como el sistema de salud durante la pandemia del COVID-19.
