Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público reafirmó este lunes su compromiso con la persecución de la corrupción administrativa y anunció que recurrirá en apelación la decisión judicial que dictó un auto de no ha lugar en un caso considerado de alto perfil.
Mediante un comunicado fechado el 1 de junio de 2026 y firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la institución sostuvo que la decisión carece de fundamentos jurídicos suficientes y que contradice las pruebas recopiladas durante la investigación.
El Ministerio Público aseguró que participó de manera directa en el proceso investigativo y que cuenta con testimonios, documentos y otras evidencias que, según afirma, respaldan las acusaciones presentadas contra los imputados.
De acuerdo con el órgano persecutor, los fondos presuntamente desviados fueron recibidos por personas favorecidas con la reciente decisión judicial, por lo que entiende que las pruebas deben ser valoradas en un juicio de fondo por los tribunales competentes.
La institución indicó que utilizará todos los recursos procesales establecidos en la ley para procurar la revocación del auto de no ha lugar y garantizar que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
Ministerio Público destaca resultados contra la corrupción
En su comunicado, el Ministerio Público también resaltó los avances alcanzados en los últimos años en materia de persecución de la corrupción administrativa.
Entre los resultados citados figuran 274 personas físicas y jurídicas acusadas, 74 condenas obtenidas, 174 autos de apertura a juicio y más de RD$6,000 millones decomisados a favor del Estado dominicano.
Asimismo, la Procuraduría destacó la implementación de herramientas legales como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Compras y Contrataciones, además de nuevas disposiciones penales orientadas a fortalecer la persecución de delitos contra el patrimonio público.
El Ministerio Público afirmó que continuará impulsando investigaciones y procesos judiciales contra los actos de corrupción, al considerar que este tipo de delitos afecta directamente los servicios públicos, la seguridad ciudadana y las oportunidades de desarrollo de la población.
La institución reiteró que las acusaciones y pruebas presentadas en estos procesos son de carácter público y aseguró que mantendrá su compromiso de llevar cada caso hasta las últimas consecuencias legales.
