SANTO DOMINGO.- El fiscal Aurelio Valdez Alcántara aseguró este miércoles ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que no representa peligro de fuga y que permanecerá a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso judicial que se sigue en su contra por presuntos actos de corrupción vinculados al caso Senasa.
Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción que le impuso tres meses de prisión preventiva en marzo pasado, el representante del Ministerio Público manifestó que su principal interés es que los hechos sean esclarecidos para recuperar su imagen personal y profesional.
Valdez Alcántara sostuvo que las acusaciones presentadas por la Dirección de Persecución del Ministerio Público carecen de fundamento y afirmó que se le atribuyen hechos que, según dijo, nunca ocurrieron. En ese sentido, negó haber solicitado o recibido los 10 mil dólares que forman parte de la imputación en su contra.
El fiscal aseguró además que ha solicitado diversas diligencias investigativas con el propósito de demostrar su inocencia. Sin embargo, afirmó que algunas de sus peticiones para acceder a elementos probatorios del expediente no han sido acogidas por las autoridades.
La investigación se originó a raíz de una denuncia relacionada con un supuesto soborno exigido a un testigo vinculado a un caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa). El Ministerio Público sostiene que el funcionario habría solicitado dinero a cambio de favorecer situaciones relacionadas con el proceso investigativo.
De acuerdo con la acusación, el arresto de Valdez Alcántara se produjo tras una operación de entrega vigilada autorizada judicialmente, en la que el dinero presuntamente entregado fue previamente identificado por las autoridades como parte de la investigación.
Camacho califica el caso del fiscal como muy grave
Durante la audiencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el caso como especialmente grave debido a la condición de servidor público del imputado. Afirmó que los funcionarios tienen una responsabilidad superior frente a la ciudadanía por el compromiso asumido de cumplir y hacer cumplir la ley.
Camacho indicó que las imputaciones contra Valdez Alcántara incluyen presuntos delitos de soborno y lavado de activos. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia deberá decidir si mantiene o modifica la medida de coerción impuesta al fiscal mientras continúan las investigaciones del caso.
