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Tribunal Superior Electoral reprograma audiencia sobre reglamento de encuestas de la JCE

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó este miércoles la audiencia relacionada con el recurso de nulidad interpuesto contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), disposición que regula el registro de las firmas encuestadoras y la divulgación de estudios de opinión en materia electoral.

La decisión fue adoptada por la alta corte con el propósito de garantizar que todas las partes involucradas en el proceso tengan la oportunidad de intercambiar documentos y conocer en detalle los argumentos presentados por cada una de ellas.

La acción judicial fue sometida por la organización Justicia Sin Fronteras, entidad que solicita la anulación de la resolución emitida por la JCE, así como la suspensión provisional de una de las disposiciones contenidas en dicha normativa.

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Según los accionantes, algunos aspectos de la resolución podrían afectar la libre circulación de encuestas electorales y limitar la difusión de información relacionada con la opinión pública durante los procesos electorales.

La Resolución 14-2026 establece una serie de requisitos para el registro, operación y supervisión de las empresas dedicadas a la realización de encuestas, además de fijar reglas para la publicación de estudios vinculados a temas electorales.

La Junta Central Electoral ha sostenido que la normativa busca fortalecer la transparencia, credibilidad y confiabilidad de las encuestas que son difundidas durante las campañas y procesos electorales en el país.

No obstante, diversos sectores han expresado inquietudes sobre el alcance de algunas de sus disposiciones y el posible impacto que podrían tener sobre el acceso a información de interés público.

Con el aplazamiento de la audiencia, el Tribunal Superior Electoral otorgó un plazo adicional para que las partes completen el intercambio de documentación y preparen sus argumentos antes de que el caso sea conocido en cuanto al fondo y se determine si procede o no la solicitud presentada contra la resolución de la JCE.

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