sábado, junio 13, 2026

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ADP rechaza propuesta de descontar salarios a docentes que participen en huelgas

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó este viernes su rechazo a una propuesta legislativa impulsada por varios diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que contempla descontar el salario a los docentes que participen en huelgas o paralizaciones de labores.

A través de un comunicado, el gremio magisterial consideró que la iniciativa representa una limitación a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República y por las normativas laborales vigentes en el país.

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, afirmó que la organización se opone a cualquier medida que busque restringir el derecho de los trabajadores y de los sindicatos a realizar protestas pacíficas en defensa de sus reivindicaciones.

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El dirigente recordó que el derecho a la huelga está consagrado en la Constitución y regulado por el Código de Trabajo, por lo que entiende que ninguna iniciativa puede desconocer garantías establecidas dentro del ordenamiento jurídico nacional.

De La Rosa señaló que la ADP no promueve las huelgas como primera alternativa para resolver conflictos y sostuvo que las movilizaciones históricamente han surgido ante incumplimientos de compromisos asumidos por las autoridades educativas frente a las demandas del sector.

Asimismo, destacó que actualmente el gremio participa en una mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Educación, en el marco de la estrategia denominada “Los Cinco Pilares”, impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps para abordar los principales desafíos del sistema educativo.

Según explicó, la organización apuesta a la concertación y al consenso como mecanismos para encontrar soluciones a los problemas que afectan la educación pública, evitando así la necesidad de recurrir a paralizaciones de docencia.

No obstante, advirtió que la ADP se reserva el derecho de utilizar los mecanismos de lucha contemplados por la ley si las autoridades incumplen los acuerdos alcanzados o dejan de atender las demandas planteadas por el magisterio y la comunidad educativa.

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