Cuando Luis Abinader asegura que puede tener amigos, pero jamás cómplices, parece olvidar que, Google no olvida, y la realidad se encarga de desnudar la falsedad de sus palabras. La reciente revelación del senador Yván Lorenzo, que expone los 30 millones de pesos entregados por Maxi Montilla al gobierno, pone al descubierto un patrón de connivencia y opacidad que asfixia la noción de justicia. Dinero devuelto sin expediente, negociaciones furtivas, complicidades que operan en las sombras y un aparato judicial que se diluye ante los poderosos. Mientras tanto, la ciudadanía observa, impotente, cómo la transparencia prometida se convierte en retórica hueca y teatro de engaños.
La tragedia de la discoteca Jet Set, escenario de 231 muertes que marcaron el alma nacional, revela la cercanía ominosa entre el poder y los intereses privados: Jorge Luis Polanco, abogado que coordinaba el equipo de recuperación del patrimonio público, terminó defendiendo a la empresa imputada. Su renuncia, tardía y obligada por la presión mediática, no borra la evidencia de cómo los vínculos personales y los manejos encubiertos permeabilizan las instituciones.
En Senasa, bajo la dirección de Santiago Hazim, se acumularon denuncias de irregularidades graves, sin que se vislumbrara una sola medida contundente que rindiera cuentas. El silencio y la inacción hablan por sí mismos, evidenciando la protección que algunos disfrutan por cercanía y afinidad con el poder. A ello se suman los exministros de Educación, Roberto Fulcar y Angel Hernandez, cuyos expedientes de presunta mala gestión languidecen en un limbo institucional, sin sanción ni reproche público.
Maxi Montilla, Jet Set, Senasa y los exministros de Educación no son anomalías aisladas; son piezas de un engranaje sistemático de impunidad donde la amistad se transmuta en complicidad estructural. El gobierno exhibe con descaro un teatro de poder donde la justicia se somete a intereses privados y la ciudadanía queda relegada a observadora impotente. La retórica de Abinader se estrella contra una realidad irrefutable: lo que debería ser transparencia y rectitud se ha convertido en protección, encubrimiento y complicidad manifiesta. Mientras este escenario persista, el país asiste, indignado, al despliegue de un poder que prioriza allegados sobre la ética, y convence a todos de que la impunidad es ley.
