REDACCIÓN.- El Obispo de La Vega y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezaron este lunes una reunión con representantes de la Barrick Gold y comunitarios de Zambrana en Cotuí, en busca de consenso sobre la adquisición de los terrenos para la construcción de la Presa de Colas.
Tras cuatro horas de diálogo, las autoridades y comunitarios fijaron 5 puntos claves para llegar a un consenso justo, entre ellos está la conformación de una comisión mediadora que tendrá un plazo máximo de 15 días para proponer soluciones al conflicto.
También se pactó la desmilitarización de las comunidades afectadas, una reunión programada para el próximo miércoles, y consultas entre las partes para decidir el retiro de equipos de la empresa minera de la comunidad, así como la suspensión de la marcha convocada para el 22 de este mes.
Tras los enfrentamientos violentos registrados la pasada semana en Cotuí, donde varias personas, entre ellos un sacerdote, resultaron heridas, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, junto al Obispo de la Vega, Carlos Tomás Morel Diplán, se reunieron con las partes en conflicto para lograr un acuerdo que permita de la construcción de la Presa de Colas y que, a la vez, los comunitarios queden conforme con el precio de sus propiedades..
En el encuentro también participaron el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; líderes comunitarios y otras autoridades locales.
Los campesinos exigen a la Barrick Gold un pago justo por los terrenos, viviendas y cultivos afectados, al tiempo que demandan el respeto a sus derechos fundamentales y el cumplimiento de compromisos éticos y legales.
Durante el encuentro, que fue a puertas cerradas, se observó buen ánimo tanto de parte de los representantes de la Barrick como de los comunitarios, según el presidente del Senado.
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Ricardo de los Santos, en su calidad de senador por la provincia Juan Sánchez Ramírez, ha sostenido múltiples reuniones durante varios meses con las comunidades afectadas y las autoridades de la minera, buscando un acuerdo en el que la empresa pague un precio justo por los terrenos.
Los comunitarios han denunciado que las operaciones de la minera han implicado graves violaciones a los derechos humanos y daños ambientales, afectando su calidad de vida y sustento. Este diálogo busca una solución consensuada que repare los daños ocasionados y permita un desarrollo sostenible y justo para todas las partes involucradas.
