Tegucigalpa, Honduras.– La aprobación de un decreto transitorio por el Congreso Nacional de Honduras, que limita las facultades de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la designación directa de funcionarios judiciales, ha generado controversia en el país. Tras la reforma, la facultad de nombrar pasó al pleno del Poder Judicial, conformado por 15 magistrados, con el objetivo declarado de fortalecer la colegialidad y reducir la concentración de poder.
Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, señaló que entre 90 y 100 nombramientos se realizaron “a última hora”, impulsados por la urgencia de los cambios normativos. Esta rapidez ha generado inquietud sobre la rigurosidad de los procesos de selección y el cumplimiento de criterios de mérito y trayectoria profesional.
Cardona indicó que, si bien en algunos casos los designados cumplían con los requisitos y contaban con experiencia reconocida, otros nombramientos suscitan dudas respecto a la evaluación de méritos, experiencia y procedimientos internos. La situación ha sido calificada como un posible riesgo al equilibrio institucional y a la credibilidad del sistema judicial.
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Por su parte, Fany Bennett, presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, informó que su organización presentó un anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. La iniciativa busca garantizar que los nombramientos, ascensos y disciplina judicial se realicen bajo criterios objetivos y procedimientos claros, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la justicia.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por la asociación habilita una eventual revisión judicial de las reformas, con posibilidad de anulación. La medida se interpreta como una respuesta al cambio del artículo 3 de la Constitución y a la preocupación por preservar la separación de poderes y la transparencia en los nombramientos judiciales.
Según las autoridades judiciales opositoras a la reforma, la falta de control técnico en los nombramientos podría afectar la estabilidad laboral de jueces y magistrados y comprometer la legitimidad del Poder Judicial en Honduras.
