Santo Domingo — El apresamiento de los implicados en el Caso SenaSa ha provocado diversas reacciones entre los profesionales del Derecho, tras la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los 10 imputados y declarar el caso como complejo.
Juristas del país se encuentran divididos sobre si los acusados deben permanecer en prisión preventiva o continuar el proceso desde sus hogares. Algunos consideran que la medida es excesiva, mientras que otros aseguran que se justifica por la gravedad de los delitos imputados.
El caso también ha captado la atención del gobierno, en especial del presidente Luis Abinader, quien informó a través de sus redes sociales que solicitó que el SenaSa se convierta en actor civil. Algunos juristas señalan que esta medida, aunque legal, podría contradecir disposiciones del nuevo Código Procesal Penal.
Los togados coincidieron en que aún es prematuro exhortar a la ciudadanía a querellarse, ya que el proceso se encuentra en su fase de investigación.
Los imputados enfrentan cargos de asociación de malhechores, malversación de fondos y estafa contra el Estado, vinculados a un presunto desfalco de 15 mil millones de pesos.
