Santo Domingo.– El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), expresó su respaldo a que el nuevo Código Penal contemple penas de prisión para los delitos de difamación e injuria, al considerar que la libertad de expresión tiene límites y no puede utilizarse para afectar la honra o la reputación de las personas.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el legislador afirmó que quienes incurran en difamación e injuria deben enfrentar consecuencias legales, al tratarse de conductas que ya están tipificadas como delitos. Asimismo explicó que existe una interpretación equivocada sobre el alcance de la libertad de expresión, al entenderse que permite decir cualquier cosa sin consecuencias reafirmando que la libertad no debe confundirse con libertinaje.
«La difamación y la injuria son delitos, igual que el fraude o la estafa. Si una persona viola el derecho a la honra o a la propia imagen, debe enfrentar consecuencias», afirmó.
Indicó que las falsas acusaciones pueden provocar graves daños personales, profesionales y económicos, llegando incluso a afectar la salud mental de las víctimas y sus familiares.
Redes sociales han cambiado el escenario
El senador señaló que la expansión de las plataformas digitales ha transformado la forma en que se difunde la información, lo que hace necesario actualizar el marco jurídico.
A su juicio, en la actualidad cualquier persona con influencia en redes sociales puede afectar la reputación de un ciudadano o destruir un negocio mediante acusaciones sin fundamento.
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«Antes los medios estaban más limitados; hoy cualquiera puede destruir una carrera política, profesional o empresarial con información falsa», manifestó.
Niega que el Código Penal sea una «ley mordaza»
El legislador rechazó las críticas que califican el proyecto de Código Penal como una «ley mordaza», asegurando que la mayoría de quienes hacen esas afirmaciones no han leído el contenido de la iniciativa.
Explicó que el proyecto fue analizado por periodistas, constitucionalistas y especialistas, y que su objetivo no es restringir la libertad de expresión, sino establecer responsabilidades cuando se vulneren derechos fundamentales.
Finalmente, sostuvo que la jurisprudencia será la encargada de definir los límites entre la crítica legítima y la difamación, especialmente cuando se trate de figuras públicas.
