Santo Domingo, R.D. — Diversas comunidades urbanas del Gran Santo Domingo realizaron este miércoles una marcha pacífica desde el Congreso Nacional hasta la Oficina del Abogado del Estado, en reclamo del cese de los desalojos forzosos y la creación de un marco legal que proteja el derecho a una vivienda digna.
Los manifestantes, provenientes de sectores como La Mina en San Isidro, Rivera del Ozama, Nueva Jerusalén, Caleta en Boca Chica, Las Malvinas, Santa Lucía, Arroyo Lindo, El Valiente y El Carril, denunciaron que cientos de familias han sido desalojadas o amenazadas con expulsión, pese a residir durante años en terrenos donde el propio Estado ha instalado infraestructuras públicas.
La Red Urbana Popular señaló que los desalojos masivos registrados desde 2021 han incrementado la vulnerabilidad social y agravado el déficit habitacional en el país. Afirmaron que estas acciones convierten la vivienda en un “producto de mercado” y alejan al Estado de su responsabilidad constitucional de garantizar este derecho fundamental.
Líderes comunitarios recordaron que la Constitución dominicana, en su artículo 59, reconoce el derecho a una vivienda digna, y que cualquier proceso de desalojo debe cumplir con el debido proceso, la inviolabilidad del domicilio y las formalidades establecidas en la Ley 107-13 sobre actos de la Administración Pública.
Las comunidades exigieron avanzar hacia una legislación que prohíba los desalojos arbitrarios, garantice notificaciones formales y obligue al Estado a ofrecer soluciones habitacionales en casos de familias vulnerables. Además, plantearon declarar de utilidad pública los terrenos donde miles de familias han construido sus hogares por décadas.
Durante la marcha, los participantes llevaron pancartas y entonaron consignas en defensa de sus derechos, reiterando que continuarán movilizándose hasta que sus demandas sean escuchadas.
