Santo Domingo.– El encargado de Relaciones Públicas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Samir Saba, aclaró que la decisión de resguardar a cuatro de las adolescentes ingresadas en centros de salud en Jarabacoa el pasado 28 de octubre fue una disposición del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, a solicitud de la Fiscalía especializada de esa jurisdicción.
Durante su participación en el programa Matutino Su Mundo, Saba explicó que el rol de CONANI en este caso se limita a ejecutar la medida de protección dispuesta por las autoridades judiciales competentes, y que la institución no tiene facultad para retirar menores de sus hogares sin una orden emitida por un tribunal o una fiscalía.
“CONANI no puede, bajo ninguna circunstancia, tomar la decisión autónoma de retirar a un niño, niña o adolescente de su entorno familiar. Solo puede hacerlo cuando existe una orden judicial o del Ministerio Público que así lo determine”, enfatizó.
Saba precisó que actualmente cuatro adolescentes permanecen bajo protección, no secuestradas como se ha dicho en redes sociales, y que se encuentran en espacios donde reciben acompañamiento psicológico, atención médica, recreación y supervisión constante.
El portavoz reiteró que el expediente y los detalles del caso son manejados exclusivamente por la Fiscalía y el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, por lo que exhortó a los padres y a la comunidad de Jarabacoa a dirigirse a esas instancias si requieren más información sobre el proceso.
En cuanto al contacto con los familiares, explicó que la orden judicial emitida no autoriza comunicación con los padres por el momento. “Cuando un menor entra en protección, es la fiscalía o el tribunal quien determina si puede tener contacto con su familia y bajo qué modalidad”, aclaró.
Saba señaló que la presidenta ejecutiva de CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, mantiene comunicación constante con la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega para dar seguimiento al caso y contribuir a que los hechos sean esclarecidos con total transparencia.
El funcionario reiteró el compromiso de la institución de actuar siempre dentro del marco legal, priorizando el interés superior del niño y respetando las decisiones judiciales que rigen en materia de protección infantil.
