SANTO DOMINGO.– Los oficiales de alto rango condenados por corrupción en el denominado caso Coral fueron suspendidos de sus funciones militares desde el momento en que fueron sometidos a la justicia en abril de 2021, según informaciones provenientes del ámbito castrense.
Entre los implicados figuran el mayor general del Ejército Adán Cáceres, así como los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, este último perteneciente a la Fuerza Aérea Dominicana.
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Situación actual en las instituciones militares
A pesar de las condenas dictadas en su contra, los oficiales continúan figurando como miembros activos dentro de sus respectivas instituciones militares, de acuerdo con fuentes consultadas.
Sin embargo, expertos legales y exmilitares han señalado que aún podrían ser objeto de procesos administrativos que culminen en su retiro definitivo, en función del impacto que el caso ha tenido sobre la imagen de las Fuerzas Armadas.
Opiniones sobre su estatus militar
El abogado y exgeneral retirado Joaquín Bocio sostuvo que, aunque exista una sentencia condenatoria, el retiro formal podría ejecutarse posteriormente como parte de las medidas disciplinarias internas.
Por su parte, el exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, afirmó desconocer si los oficiales han sido formalmente suspendidos y consideró que cualquier decisión definitiva debería esperar a que la sentencia adquiera carácter irrevocable.
Un proceso judicial de larga duración
El caso Coral, al igual que otros expedientes de corrupción de gran magnitud en el país, se proyecta como un proceso judicial prolongado debido a la cantidad de imputados, pruebas y recursos legales involucrados.
Como antecedente, el caso que involucra a los hermanos Medina tardó varios años en conocerse en primera instancia y aún continúa en etapas posteriores de apelación, lo que refleja la complejidad de estos procesos.
Volumen de pruebas y complejidad del expediente
Durante el juicio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional destacó la magnitud del expediente, que incluye decenas de miles de documentos, cientos de testimonios y peritajes técnicos.
En uno de los casos individuales, se reportó la presentación de más de ocho mil documentos digitales por parte de la defensa, los cuales debieron ser analizados por las juezas del tribunal, lo que evidencia la amplitud del material probatorio evaluado en el proceso.
