miércoles, junio 10, 2026

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Daddy Yankee enfrenta intento de desestimación de demanda por presunta “empresa criminal”

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San Juan, Puerto Rico – Mireddys González Castellanos y el productor artístico Raphy Pina Nieves solicitaron al Tribunal Federal de San Juan desestimar la demanda presentada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, quien reclama $3 millones bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) por presunta malversación de regalías y derechos de autor.

La demanda, presentada en noviembre pasado, señalaba a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que habría operado entre 2004 y febrero de 2025, con la participación de González Castellanos, para desviar regalías de canciones de Ayala Rodríguez y obtener derechos de autor indebidos.

En su moción, González Castellanos – exesposa del artista – argumentó que la demanda “no constituye un caso RICO”, sino que se trata de la continuación de una disputa por la división de bienes conyugales. Afirmó que se intenta caracterizar asignaciones de propiedad ya documentadas y verificadas como “empresa criminal” sin cumplir los requisitos legales de la Ley RICO, incluyendo la inexistencia de un patrón de crimen organizado o daños claros a la propiedad.

Por su parte, Pina Nieves calificó la demanda de “frívola” y prescripta, apoyando su moción con documentos firmados por Daddy Yankee en 2021 que acreditan que estaba al tanto de los porcentajes de publicación en varias producciones cuestionadas, incluyendo Buena Vida, Dura (remix), Bella y Sensual, Inolvidable (remix) y La Rompe Corazones, entre otras. Según Pina Nieves, la denuncia tampoco demuestra un acuerdo coordinado entre los demandados que configure una asociación de hecho bajo RICO.

Otros codemandados, como Andrés Coll Fernández, World Music Latino Corp., el abogado Edwin Prado Galarza y Prendi Publishing Trust, presentaron argumentos similares para que la demanda sea descartada.

González Castellanos resumió la posición de los demandados: “La ley RICO fue promulgada para combatir el crimen organizado, no para usar el litigio federal como arma en una disputa matrimonial”.

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