La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, solicitó este jueves al tribunal la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de sus 559 anexos, al alegar que dichos documentos fueron “fabricados al margen de la ley” para construir una narrativa falsa y justificar una persecución penal sin hechos reales.
Los abogados defensores aseguraron que los reportes se realizaron sin base legal, sin permitir el derecho a la contradicción ni la participación de las personas investigadas, en violación del artículo 69 de la Constitución, que garantiza el debido proceso.
El abogado Eduardo Núñez señaló que los informes no respondieron a un ejercicio técnico ni imparcial, sino que fueron creados con el objetivo de legitimar actuaciones previamente decididas. “Se fabricaron informes para construir una narrativa falsa y darle apariencia de legalidad a una persecución sin hechos reales, con el fin de venderle al país una historia que no se corresponde con la verdad”, afirmó.
Según la defensa, entre 2021 y 2024 se realizaron supuestas auditorías sobre procesos de expropiación del Ministerio de Hacienda, atribuidas a una Unidad Antifraude que jurídicamente no existía en ese período. Las auditorías, según indicaron, se ejecutaron sin notificación, sin permitir defensa y sin acceso a la información a los involucrados, en violación de las normas del debido proceso administrativo.
Núñez también cuestionó la constitucionalidad del Decreto 382-25, que formalizó la creación de la Unidad Antifraude el 14 de julio de 2025, señalando que asigna facultades que afectan derechos fundamentales y exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo.
En cuanto al fondo del proceso, la defensa reiteró que demostrará la imposibilidad de que Donald Guerrero haya cometido los delitos imputados, argumentando que los pagos cuestionados corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado y a expropiaciones ordenadas por sentencias judiciales firmes.
“Cumplir sentencias judiciales y saldar deudas históricas por terrenos que el Estado utilizó no es corrupción”, enfatizó Núñez. Además, aclaró que otros pagos, como los interinstitucionales al Banco de Reservas, nunca salieron del Estado ni beneficiaron a terceros.
La defensa subrayó que en ninguno de los hechos existió decisión discrecional, daño al patrimonio del Estado ni beneficio personal, y aseguró que todos los argumentos están respaldados por documentos oficiales y peritajes.
Finalmente, Núñez afirmó que con las pruebas que se presentarán durante el proceso quedará demostrado que la acusación no se sostiene. “Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del Estado acreditan una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda”, concluyó.
