Santo Domingo.- El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, expresó hoy su apoyo a la separación de la Dirección General de Prisiones del Ministerio Público, para que pase a formar parte del Ministerio de Justicia una vez sea aprobado, y funcione como un órgano dependiente de este. Según Ulloa, uno de los principales retrocesos en el sistema penitenciario se debe a la falta de continuidad estatal, independientemente de los partidos o procuradores en el poder.
En una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Ulloa destacó que el sistema de prisiones del país ha carecido, a lo largo de la historia, de una comprensión integral de su rol dentro del Ministerio Público.
Asimismo, subrayó que en República Dominicana no se está reconociendo que, con un Código Procesal Penal tan desactualizado y ante la realidad geopolítica del crimen organizado, el país está construyendo una sociedad sin las herramientas necesarias para combatir la inseguridad y la delincuencia, y garantizar la tranquilidad que la ciudadanía requiere.
Ulloa también señaló que las cárceles del país carecen de control de cámaras y de acceso, lo que impide manejar las instalaciones como parte de un sistema organizado. Advirtió que, sin la capacidad de recolectar y gestionar información, las prisiones operan sin ningún tipo de supervisión, lo que permite que se desarrolle una situación caótica.
En relación con la implementación del modelo Mandela, Ulloa afirmó que este ha funcionado en prisiones de todo el mundo, pero reconoció que en República Dominicana su aplicación es difícil debido a la sobrepoblación carcelaria. En ese sentido, puntualizó que la cárcel de La Victoria fue diseñada para albergar a 800 personas, pero actualmente solo en el módulo que se incendió había 1,300 internos, y la cárcel en total tiene más de 8,000 reclusos. “Es que esa cantidad de personas va a generar lo que saben hacer: criminalidad”, agregó.
El defensor del pueblo manifestó que los modelos que han funcionado en otros países, como el de Guatemala, que lleva el nombre de Roberto Santana, se han intentado aplicar en República Dominicana. Sin embargo, señaló que el país se ha caracterizado por la falta de cumplimiento gubernamental, lo que ha resultado en una gran cantidad de leyes, pero una ejecución muy limitada.
Expresó además que la justicia en la República Dominicana es costosa, lenta y deficiente, lo que ha generado una gran cantidad de casos de corrupción que aún no tienen sentencias definitivas.
“En cuanto a lo procedimental, la elaboración de los expedientes y su presentación en la corte ya se han agotado. Lo que necesitamos ahora es comenzar a ver sentencias, porque estos procesos penales relacionados con el orden público y la administración de fondos seguirán pasando por apelaciones y casaciones. Es urgente cerrar estos casos para abrir otros nuevos, ya que la administración pública es continua y no podemos quedarnos estancados en temas tan amplios y complejos que afectan a la sociedad”, afirmó.
