Bogotá, Colombia – La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó este lunes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a una disidencia de las FARC que cesen de inmediato los enfrentamientos armados en la región del Catatumbo y permitan la apertura de corredores humanitarios para atender a la población afectada.
Más de 250 personas han abandonado sus hogares y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento o desplazamiento debido a los combates entre ambos grupos en la zona rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados, especialmente al Frente 33 de las disidencias y al ELN, a proteger a la población civil, respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y evitar afectaciones a las comunidades. Además, instó a permitir la activación de corredores humanitarios para atender a quienes han sido afectados por las hostilidades.
La región del Catatumbo enfrenta desde enero una grave crisis humanitaria por la guerra del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por el control territorial y de economías ilícitas. Este conflicto ha provocado la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de al menos 78.000 campesinos en lo que va del año.
El Catatumbo, compuesto por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es rico en recursos naturales pero presenta altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.
La Defensoría señaló que los municipios de Tibú y El Tarra son los más afectados actualmente y recordó que en octubre pasado emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos en la región. La intensificación de los combates y la consolidación del control territorial por parte del ELN agravan la crisis.
El organismo pidió a las alcaldías de Cúcuta y Tibú desplegar y fortalecer rutas de atención para garantizar asistencia humanitaria a los desplazados. También instó a la Unidad para las Víctimas a brindar una respuesta eficaz y oportuna, dado que los entes territoriales no cuentan actualmente con la capacidad necesaria para atender la magnitud de la emergencia.
