SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), informó que la Resolución núm. DGCP-DG-02-2026 establece lineamientos de integridad y seguridad de la información en los procesos de compras públicas vinculados a la seguridad nacional y al control de riesgos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
La institución explicó que la normativa busca garantizar la protección de los datos, la transparencia, la trazabilidad y un mayor control del gasto público en contrataciones relacionadas con áreas sensibles del Estado.
Precisó que la resolución aplica exclusivamente a procesos que involucren bienes o servicios destinados a la defensa, inteligencia, seguridad estatal, tecnologías digitales, infraestructuras críticas y sistemas de información estratégicos.
Según la DGCP, este tipo de contrataciones requiere controles reforzados debido a la sensibilidad de la información y los riesgos asociados, incluyendo posibles vulnerabilidades tecnológicas o accesos indebidos que puedan comprometer la seguridad nacional.
La medida se fundamenta en la Ley 1-26, que establece la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la protección de los sistemas de información del Estado, así como en la identificación y resguardo de datos considerados de alto interés.
Asimismo, el Instituto Criptográfico Nacional (ICN), dependencia de la DNI, tendrá a su cargo la coordinación en materia de seguridad tecnológica, certificación y control de acceso a información clasificada.
La resolución también dispone que las instituciones públicas deberán implementar medidas técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad e integridad de la información, incluyendo mecanismos de cifrado, auditoría y monitoreo continuo en el SECP.
Además, estarán obligadas a reportar incidentes de ciberseguridad al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y al ICN, así como a cumplir con certificaciones técnicas previas y evaluaciones de riesgo antes de adjudicar contratos en áreas estratégicas.
La DGCP indicó que esta normativa forma parte de un esquema de coordinación interinstitucional orientado a reforzar la seguridad de la información y la integridad de los procesos de contratación pública en sectores clave para el Estado.
