La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie Guelie, interpusieron formalmente una querella penal con constitución en actor civil contra Eduardo Alberto Saint-Hilaire Ramírez, panelista del programa Esto No es Radio Show, transmitido a través de la plataforma Alofoke Media Group, Corp..
La acción legal, presentada por el doctor Miguel Valerio, también señala como terceros civilmente responsables a Alofoke Media Group, Corp. y Alofoke Music, S.R.L.. La querella se fundamenta en presuntas violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley Núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como al artículo 367 del Código Penal Dominicano.
De acuerdo con el documento depositado ante la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la acción judicial surge a raíz de una serie de declaraciones emitidas de manera reiterada por el imputado en el referido programa.
Según los querellantes, en dichas intervenciones Saint-Hilaire Ramírez habría atribuido falsamente a Bautista y Gasilie su supuesta participación en una estructura criminal dedicada al contrabando de mercancías, tráfico de sustancias narcóticas y armas de fuego desde la República de Haití.
“Estas imputaciones carecen de todo fundamento probatorio y han sido difundidas de manera deliberada con el único fin de lesionar el honor, la reputación y la estabilidad emocional de nuestros representados”, indica el cuerpo jurídico en la querella.
El documento legal subraya que las afirmaciones no solo afectaron directamente a los querellantes, sino que también incluyeron insinuaciones sobre el origen de los recursos económicos de Bautista en su condición de figura pública y diputada, lo que califican como una agresión a su carrera política y dignidad personal.
“El comportamiento del querellado y del medio que difundió las declaraciones vulnera de manera grave derechos fundamentales como el honor, la dignidad humana, el buen nombre y la propia imagen”, resalta la instancia depositada.
La defensa técnica enfatiza que el uso de plataformas digitales de amplia difusión para propagar información falsa y difamatoria constituye un agravante conforme a la legislación vigente, debido al alcance y al impacto del daño reputacional ocasionado.
Con esta acción, Bautista y Gasilie procuran que se determinen las responsabilidades penales correspondientes y se ordene la reparación del daño moral causado, en lo que consideran una campaña de descrédito injustificada y dolosa.
