El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti Paz, expresó su preocupación por los recientes préstamos aprobados por el Congreso Nacional, advirtiendo que no cumplen con los principios establecidos en las leyes dominicanas, especialmente la Ley de Crédito Público.
Mariotti Paz subrayó que dicha ley prohíbe de manera explícita asumir deuda para cubrir gastos corrientes del Estado, como el pago de nómina, alquileres y otros compromisos administrativos.
Durante su intervención en el programa El Matutino de La 91, el legislador afirmó: “La Ley de Crédito Público establece de manera explícita que no se pueden tomar préstamos para pagar nómina, alquileres ni gasto corriente”, acusando al Gobierno de violar esta disposición de manera repetida en los presupuestos sometidos y aprobados bajo la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El congresista enfatizó que los préstamos públicos deben estar debidamente justificados, con condiciones transparentes y objetivos específicos que beneficien el interés nacional, principios que según él no se reflejan en las recientes iniciativas de endeudamiento. En particular, hizo referencia al préstamo de más de RD$400 mil millones aprobado recientemente, el cual calificó como una medida que no cumple con los requisitos legales y que pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
“Este endeudamiento no cumple con ninguno de los principios que establece la ley y que garantizan un manejo responsable de los recursos públicos”, señaló Mariotti Paz, advirtiendo que el endeudamiento destinado al gasto corriente no genera riquezas para el país, sino que compromete las finanzas públicas futuras.
El legislador también destacó que endeudarse para cubrir gastos corrientes no produce desarrollo económico, sino que obliga al Estado a destinar recursos futuros al pago de intereses y capital de la deuda, en lugar de invertirlos en áreas prioritarias como educación, salud o infraestructura.
Finalmente, Mariotti Paz reiteró la postura del PLD de oponerse al endeudamiento irresponsable y de continuar fiscalizando las acciones del Gobierno para garantizar el uso adecuado de los recursos del pueblo dominicano y proteger la institucionalidad del país.
