Director de Penitenciarios aboga por medidas distintas al encarcelamiento de jóvenes
Roberto Santana, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), afirmó que el mayor desafío del sistema penitenciario dominicano no son los adultos, sino los menores en conflicto con la ley.
Santana destacó que los adolescentes aún están en formación de su identidad, y muchas veces llegan tarde al Estado, cuando ya se requiere una “prevención terciaria”. “Cuando llega la prevención terciaria a un adolescente, al Estado y a la sociedad se les presenta un reto de extrema delicadeza”, señaló.
El funcionario advirtió que la cárcel debe ser el último recurso para los jóvenes. Citó estudios internacionales que muestran que adolescentes encarcelados tienen altas probabilidades de convertirse en delincuentes adultos. “El último lugar al que debe ser remitido un adolescente es la cárcel”, subrayó, aunque reconoció que en casos excepcionales, como sicariatos, no hay alternativa.
Santana también alertó que el encierro puede agravar problemas emocionales y conductuales de los menores. “Si esto crea un disturbio en un adulto, ¿qué ocurre con un adolescente?”, reflexionó.
Como avances en la gestión, mencionó la reducción de la población juvenil privada de libertad en Hato Nuevo, que pasó de casi 300 internos a poco más de 100. Además, se implementan programas comunitarios, familiares e intermedios para prevenir la reincidencia y se trabaja en unificar en una sola institución las políticas destinadas a menores infractores. Actualmente, el país cuenta con seis centros para adolescentes en conflicto con la ley.
El director de la DGSPC destacó también la capacitación del personal penitenciario, la sustitución gradual de policías y militares dentro de los recintos y la creación de una oficina contra la corrupción para enfrentar irregularidades internas.
“En la medida en que tienes rehabilitación, tienes reinserción y reducción de la reincidencia”, concluyó Santana, quien indicó que los menores representan apenas el 1% de la población penitenciaria, mientras que las mujeres son el 2% y los adultos varones el 97%.
