La iniciativa fue presentada por la asambleísta oficialista Diana Jácome, quien sostuvo durante la sesión plenaria que las organizaciones criminales han convertido a menores de edad en objetivos de captación para distintas actividades ilícitas. El proyecto fue remitido nuevamente a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para la elaboración del informe de segundo debate.
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Durante la sesión, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el reclutamiento de adolescentes se ha convertido en una de las principales preocupaciones dentro del contexto de violencia e inseguridad que enfrenta Ecuador. Según las intervenciones registradas en el Pleno, las estructuras criminales utilizan a menores para tareas vinculadas con microtráfico, transporte de armas, vigilancia territorial, extorsión y sicariato.
El proyecto plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las penas relacionadas con la captación y utilización de menores de edad en actividades criminales. Entre los cambios propuestos consta que quienes recluten o utilicen niñas, niños o adolescentes dentro de organizaciones delictivas puedan enfrentar condenas de entre 22 y 26 años de prisión.
La propuesta también incorpora medidas preventivas y de protección social. Entre ellas figura la implementación de programas de atención psicológica y salud mental para menores en situación de riesgo, así como mecanismos de apoyo económico, becas educativas y estrategias de reinserción social.
Otro de los ejes del proyecto se relaciona con el entorno digital. La normativa propone establecer herramientas para detectar y bloquear contenidos en plataformas digitales que promuevan, faciliten o incentiven el reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales. Además, contempla la coordinación con instituciones públicas y privadas para identificar riesgos en redes sociales y espacios virtuales.
El texto debatido también incluye el fortalecimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que tendrían nuevas facultades para emitir alertas tempranas sobre posibles casos de captación de menores y coordinar acciones preventivas con entidades estatales. Asimismo, se plantea la creación de registros especializados sobre situaciones de riesgo vinculadas con adolescentes expuestos a estructuras criminales.
Dentro de las reformas propuestas consta además la conformación de equipos especializados de seguridad y seguimiento en los Centros de Adolescentes Infractores. Según el planteamiento legislativo, estas unidades tendrían como objetivo prevenir que organizaciones criminales mantengan influencia o control sobre jóvenes privados de libertad.
En el debate parlamentario participaron más de 20 legisladores. Algunas intervenciones hicieron referencia a factores como la deserción escolar, la pobreza, la violencia en determinados territorios y la falta de oportunidades para adolescentes en zonas vulnerables. También se mencionó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social, Interior y entidades locales.
La discusión legislativa ocurre en medio del incremento de la violencia criminal en Ecuador y de reiteradas alertas emitidas por organismos de derechos humanos, instituciones estatales y expertos en seguridad sobre el uso de menores por parte de grupos delictivos.
En los últimos años, autoridades ecuatorianas han reportado casos de adolescentes vinculados a bandas criminales en distintas provincias del país. Informes oficiales y procesos judiciales abiertos por la Fiscalía han mostrado la participación de menores en delitos relacionados con narcotráfico, extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo.
Durante el primer debate, algunos asambleístas señalaron que el fenómeno requiere no solo respuestas penales, sino también políticas públicas orientadas a la prevención y protección de la niñez y adolescencia. Otros legisladores insistieron en la necesidad de garantizar recursos presupuestarios para la implementación de las medidas previstas en el proyecto.
Al concluir la sesión, la Asamblea Nacional dispuso que la Comisión encargada incorpore las observaciones presentadas por los legisladores antes de elaborar el informe para segundo debate. El proyecto deberá regresar posteriormente al Pleno para una nueva discusión y eventual votación definitiva.
Hasta el cierre del debate, el Legislativo no fijó una fecha para el tratamiento en segundo debate de la propuesta.
