El envío de una fuerza internacional a Haití, ¿una misión imposible para Kenia?

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¿Verá la luz la misión multinacional en Haití? El martes 12 de marzo, Kenia anunció la suspensión de su misión de seguridad en Haití, mientras el país se sumía en una crisis que enfrenta a las fuerzas de seguridad con las bandas criminales que controlan casi toda la capital.

Nairobi se había comprometido a desplegar 1.000 policías en el marco de una misión internacional de unos 2.500 hombres para apoyar a las fuerzas de seguridad contra los grupos armados que causan estragos en el país. Pero para Kenia, el anuncio de la dimisión del primer ministro interino, Ariel Henry, el lunes, bajo la presión de las bandas y de la comunidad internacional, ha cambiado la situación.

“Sin una administración política en Haití, no hay ningún punto de anclaje en el que basar un despliegue policial”, declaró Korir Sing’oei, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia, afirmando que ahora quería esperar a “la instalación de una nueva autoridad constitucional”.

En Haití se están celebrando debates entre los partidos políticos con vistas a formar un consejo de transición de siete miembros, que a continuación seleccionará a un primer ministro interino y nombrará un gobierno “integrador”.

El gobierno keniano afirma que sigue dispuesto a liderar esta misión multinacional, en la que se espera que participen una decena de países, entre ellos Benín, Chad, Bahamas, Bangladesh y Barbados. Pero su despliegue parece más incierto que nunca en vista de la profunda crisis política que atraviesa el país.

Pedido de ayuda

Los orígenes de este proyecto de intervención multinacional se remontan a octubre de 2022. En aquel momento, el Gobierno haitiano envió una carta al secretario general de la ONU solicitando el despliegue de una misión armada especializada para poner fin a la crisis humanitaria.

El país está dirigido por el primer ministro interino, Ariel Henry, que se convirtió en jefe de Estado de facto tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos de un comando armado, en su residencia, el 7 de julio de 2021.

Al asumir el poder, Ariel Henry prometió trabajar para restablecer el orden y “organizar elecciones creíbles”. Para los haitianos, su petición de ayuda a la comunidad internacional se considera un reconocimiento de su fracaso.

El 9 de octubre, en respuesta a una petición de Ariel Henry, el secretario general de Naciones Unidas instó al Consejo de Seguridad a considerar el despliegue de una fuerza armada internacional ante el “dramático deterioro de la seguridad” que paraliza el país. Pero este anuncio despertó la ira en Haití: miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe y estalló la violencia, con la muerte de varios civiles.

Una intervención controvertida

Los manifestantes criticaron a Ariel Henry, que no ha sido electo, por su falta de legitimidad al lanzar este llamamiento, considerando que buscaba ante todo mantenerse en el poder. También le acusaron de no hacer nada para frenar la crisis.

“Este Gobierno fue completamente ineficaz; nunca presentó ningún plan de seguridad para hacer frente a la expansión de las bandas”, afirma Jacques Nesi, politólogo de la Universidad de las Indias Occidentales. “Los barrios de la capital se han vaciado de población. Los habitantes viven en condiciones inhumanas y este primer ministro nunca les ha mostrado ninguna empatía”, agrega.

Algunos también han criticado a Ariel Henry por su turbio papel en los acontecimientos que condujeron al asesinato del presidente Jovenel Moïse. La investigación reveló que mantuvo varias conversaciones telefónicas con uno de los principales sospechosos la noche del asesinato. Él niega formalmente cualquier implicación.

Por último, la desconfianza de los haitianos ante cualquier intervención internacional también tiene raíces históricas. En octubre de 2022, Frédéric Thomas, doctor en Ciencias Políticas y especialista en Haití, señalaba que “la población tiene muy malos recuerdos de la intervención extranjera”. “Desde 1994 hasta hoy, Haití ha estado constantemente cubierto por una misión de la ONU, y eso ha dejado huella”, describe.

Agentes de policía participan en una operación en los alrededores de la Penitenciaría Nacional tras un incendio, mientras un poderoso líder de una pandilla en Haití ha emitido un mensaje con amenazas dirigido a los líderes políticos que participarían en un consejo de transición aún no formado para el país. En Puerto Príncipe, Haití, el 14 de marzo de 2024.

En las últimas décadas, varios casos han empañado la labor de las fuerzas de paz en Haití. En 2019 estalló un escándalo sexual protagonizado por miembros de la MINUSTAH -la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, presente en el país de 2004 a 2017, bajo mando militar brasileño-, acusados de abusar de mujeres.

Antes de eso, poco después del terremoto de 2010, el país se vio afectado por una epidemia de cólera, importada por las fuerzas de paz nepalíes, que mató a 10.000 personas.

Kenia al rescate

En este contexto, la ONU, que intenta permanecer en un segundo plano mientras presta ayuda al pueblo haitiano, se encuentra en una posición delicada. Necesitaba un embajador para dirigir la misión de seguridad, pero las negociaciones resultaron difíciles.

En julio de 2023, Kenia se ofreció a enviar 1.000 policías para ayudar a las fuerzas de seguridad haitianas y “proteger instalaciones estratégicas”. Pero esta iniciativa, descrita por el presidente keniano, William Ruto, como una “misión por la humanidad”, desató la polémica en el país.

Aunque Kenia ya ha participado en varias misiones de mantenimiento de la paz, algunas personas consideran el despliegue en Haití demasiado arriesgado. Es el caso del político de la oposición Ekuru Aukot, que lo condenó como una “misión suicida”.

Aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y posteriormente por el Parlamento keniano, la misión debía comenzar en el primer trimestre de 2024 y durar 12 meses. Pero sufrió su primer revés en enero, cuando un tribunal keniano bloqueó su despliegue al dictaminar que enviar agentes de la policía nacional al extranjero era “ilegal”.

A finales de febrero, Ariel Henry viajó a Kenia con la esperanza de desbloquear la situación. Firmó un acuerdo con William Ruto para relanzar el proceso. Pero este viaje terminó por acelerar su caída. El lunes, Henry cedió a la presión de las bandas que exigían su dimisión. Habían rodeado el aeropuerto de Puerto Príncipe e impedido el aterrizaje de su avión.

Misión a media asta

Por segunda vez, la misión keniana ha quedado en suspenso. Aunque el despliegue de esta fuerza es objeto de críticas en Haití, este nuevo bloqueo corre el riesgo de tener graves consecuencias para la población, advierte Jacques Nesi.

“La fuerza multinacional es urgentemente necesaria porque ninguna fuerza local puede detener a las bandas”, lamenta. “Los haitianos tienen una relación ambivalente con todo lo que viene de fuera. Por un lado, no lo quieren por el sentimiento de orgullo ligado a la historia de su país y a la conquista de su independencia, pero, por otro, están atrapados, porque la policía local no puede hacer frente al avance de estos grupos violentos, equipados con armas sofisticadas e incluso con drones que les permiten vigilar todo lo que ocurre en la capital”, remarca.

El miércoles, Estados Unidos, que apoya y financia el despliegue de esta fuerza, envió un mensaje que buscó tranquilizar. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que el Consejo Presidencial de Transición se formaría en los próximos días, “allanando el camino para que esta misión continúe sin demora”.

Estos comentarios fueron posteriormente matizados por el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken: “Nada de esto es fácil. Nada de esto va a suceder de la noche a la mañana. Pero al menos hay un plan, un proceso en marcha para conseguirlo”.

El problema es que en Haití la política “es una renta, un negocio”, dice Jacques Nesi. “Todo el mundo quiere su propio ministerio, su propia dirección general. Todo ello conduce a un enriquecimiento rápido en un contexto de total impunidad”, critica.

“Hay relaciones incestuosas entre las bandas, el Estado, los actores políticos y los actores económicos”, prosigue el investigador, que compara las negociaciones para formar el consejo de transición con un “acuerdo de retazos”. “La comunidad internacional sabe que va a ser muy difícil que esto funcione”, concluye.

El jueves 14 de marzo, el aeropuerto internacional Toussaint-Louverture de Puerto Príncipe permanecía cerrado. La misión de la ONU en Haití ha anunciado su intención de abrir un “puente aéreo” entre República Dominicana y Haití para “facilitar” la entrega de ayuda humanitaria y “el movimiento de su personal”.

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