Santo Domingo. El juez Rigoberto Sena, de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva a cinco de los 12 imputados en la red de corrupción que supuestamente operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), y que fue desmantelada mediante la Operación Gavilán.
El Ministerio Público acusa a los encartados de pertenecer a un entramado ilícito que borraba fichas de la base de datos de la institución a personas que tenían antecedentes por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
Los imputados, que irán a diferentes cárceles, son Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte del sistema de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, y Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la División de Administración de la Base de Datos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.
También se enviaron a las cárceles, a cumplir prisión preventiva, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este; Domingo Julio Santana Sánchez, mensajero externo de la Fiscalía del Distrito Nacional, y el exagente de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco.
Rubén cumplirá la medida en la cárcel de San Pedro de Macorís y los demás en Najayo-Hombre.
Los otros imputados, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público y contra ellos el órgano persecutor varió la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva a arresto domicilio, impedimento de salida del país y garantías económicas.
En ese sentido, el juez Rigoberto Sena ordenó arresto domiciliario a la coordinadora de la Fiscalía de Independencia, Pilar Yrenes Medina Trinidad.
Mientras que a los coimputados Laudelina Esther Reyes, esposa del imputado Rubén Morbán, y la hija de ambos, Ashley Darleni Morbán Reyes, así como a Dilcia Argentina Núñez Santos, quien era pareja del imputado Mártires Rosario, el magistrado le impuso garantías económicas e impedimento de salida del país.
Igual medida se dictó contra el miembro de la Policía, Antony Vicente Ferrer Monegro, así como a Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona y Antony Vicente Ferrer Monegro.
De igual forma, el juez declaró el caso complejo y rechazó todos los pedimentos de las barras de la defensa.
Por el caso Gavilán las autoridades también tienen bajo investigación a unos siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
